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El presidente Gustavo Petro anunció la salida del mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán como director general de la Policía Nacional, en una decisión que marca un nuevo remezón en la cúpula de la Fuerza Pública. El anuncio se dio la noche del viernes 17 de octubre de 2025, durante una alocución presidencial en la que el mandatario reconoció el trabajo del oficial, pero justificó su retiro por la necesidad de superar “fallas profundas” dentro de la institución. Este tipo de discursos subrayan la necesidad del Ejecutivo de replantear a las autoridades de seguridad sus directrices frente a la complejidad operacional en el territorio nacional.
Triana, oriundo de La Peña, Cundinamarca, y con más de 33 años de trayectoria en la Policía, asumió la Dirección General el 14 de febrero de 2025, tras la salida del general William Salamanca. Su llegada al más alto cargo policial fue inusual, pues se hizo luego de que fuera reincorporado al servicio activo desde la reserva, demostrando una confianza directa del Gobierno en su experiencia y conocimiento. Desde que tomó el mando, lideró procesos de transformación institucional, impulsó la estrategia “Policía 360” enfocada a la seguridad ciudadana, y reforzó el enfoque territorial, especialmente en zonas afectadas por economías ilegales y la presencia de grupos armados organizados.
Antes de llegar al máximo cargo, el oficial ya había desempeñado una serie de roles de alta visibilidad y responsabilidad entre las filas. Entre ellos destacan el de Subdirector General de la institución, la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en un periodo crucial para la capital, y la dirección de la Dijín, la unidad de élite encargada de la investigación criminal e inteligencia. Su hoja de vida también incluye la dirección de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la comandancia de los departamentos de Policía de Boyacá y Metropolitana de Tunja, otorgándole una visión integral de seguridad.
La gota que habría colmado la paciencia del Ejecutivo fue el atentado del 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero Black Hawk fue derribado mientras transportaba uniformados que participaban en labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Un total de trece policías murieron en el ataque, atribuido a estructuras del Clan del Golfo, lo que desató una fuerte conmoción nacional y reavivó el debate sobre la seguridad de las fuerzas armadas en el terreno. Aunque el presidente evitó responsabilizar directamente a Triana, sí sugirió que el hecho evidenció fallas estructurales en la operación y en la protección de la tropa, obligando al Gobierno a una modificación de sus estrategias.
“Lo he analizado. Daré un informe en otra oportunidad”, dijo Petro, dejando entrever que la salida del general está ligada a ese doloroso episodio y la percepción de vulnerabilidad de las fuerzas en el terreno. La incertidumbre es palpable, ya que hasta el momento, no se ha anunciado quién asumirá la Dirección General ni cuándo se oficializará el relevo, manteniendo un vacío de mando que es habitual en este tipo de decisiones de alta seguridad.
La salida de Triana se suma a una larga lista de cambios en altos mandos durante este gobierno. Desde 2022, han rotado los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Dirección de Inteligencia con una frecuencia notable. En algunos casos, los relevos han respondido a diferencias doctrinales con la Casa de Nariño en torno a la implementación de la política de seguridad; en otros, a crisis operativas o escándalos internos que han afectado la imagen de las instituciones. El patrón, sin embargo, parece ser recurrente: los funcionarios designados por el propio presidente no duran mucho en sus cargos. Y aunque el discurso oficial habla de “ajustes necesarios”, en la práctica se instala la sensación de que, para este Gobierno, nadie termina de ser suficiente.
Juan Joya




