Gobierno y SIC refuerzan medidas para garantizar precios justos y seguridad jurídica en la vivienda de interés social

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciaron una articulación institucional para fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica en la compra de vivienda de interés social (VIS). La iniciativa busca promover precios justos y garantizar que los incrementos salariales se reflejen en mejores condiciones económicas, acercando a más familias a su objetivo de adquirir vivienda propia.

Desde la SIC, su superintendente, Cielo Rusinque, reiteró el compromiso de la entidad con la protección de los consumidores de vivienda, en especial de quienes acceden a VIS y vivienda prioritaria. Explicó que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, se ha avanzado en el fortalecimiento de información clara, suficiente y oportuna, para que los compradores conozcan desde el inicio las condiciones del negocio, los precios acordados y sus derechos, con el fin de prevenir prácticas abusivas, garantizar transparencia en la oferta de proyectos y brindar mayor seguridad jurídica a las familias colombianas.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, señaló que el Gobierno impulsa medidas orientadas a proteger a los hogares de alzas desproporcionadas en el valor de la vivienda de interés social y prioritaria. En ese contexto, explicó que el proyecto de decreto unifica el tope de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y exige que el precio de la vivienda quede pactado en pesos colombianos desde el momento de la separación del inmueble o la firma de la promesa de compraventa.

Rivas enfatizó que la iniciativa no constituye un control de precios, sino una acción de protección a los compradores que busca evitar abusos y ofrecer mayor estabilidad y certeza a las familias que acceden a vivienda de interés social y prioritaria. En la misma línea, Rusinque aseguró que el trabajo coordinado entre la SIC y el Ministerio continuará, para que los consumidores cuenten con información veraz, se respeten sus derechos y el mercado inmobiliario opere con reglas claras, justas y transparentes.

Finalmente, la ministra Rivas destacó que estas medidas buscan dar tranquilidad a las familias colombianas, al garantizar y proteger el acceso justo a la vivienda de interés social y prioritaria, consolidando la compra de vivienda como un proceso seguro y confiable.

En paralelo, desde el Gobierno del Cambio se informó que ya fue publicado para comentarios de la ciudadanía un proyecto de decreto que plantea evitar ajustes desproporcionados en el valor de la VIS, derivados de la indexación automática de los precios al incremento del salario mínimo. El Ejecutivo aclaró que el salario mínimo solo define el tope máximo de la VIS, y no debe utilizarse como un mecanismo automático de aumento, ya que desconoce factores clave como la evolución real de los costos de construcción.

La propuesta normativa también reafirma que el precio de la VIS debe ser fijo y pactado en pesos colombianos desde el inicio del proceso, al igual que ocurre con la vivienda No VIS. El objetivo, según el Gobierno, es proteger a los compradores frente a posibles abusos y brindar seguridad y certeza a las familias, permitiéndoles realizar una planificación financiera adecuada para cumplir el sueño de tener vivienda propia.

Humberto ´Toto’ Torres