Gobierno suspenderá extradiciones de cabecillas si contribuyen a llamada ‘paz total’

El recién posesionado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno Nacional suspenderá las extradiciones de cabecillas de organizaciones criminales si estos se acogen a procesos de negociación y demuestran voluntad real de contribuir a la política de “paz total”. La medida, con la que se busca fortalecer los mecanismos de sometimiento a la justicia en contextos de diálogo, ha generado diversas reacciones en el país y el panorama internacional, especialmente por el posible impacto en las relaciones con Estados Unidos, principal receptor de las solicitudes de extradición.

Según el ministro Montealegre, la decisión no implica un cese definitivo de las extradiciones, sino que “la política del Gobierno consiste en suspender temporalmente las extradiciones de aquellas personas que manifiesten un compromiso cierto, verificable y efectivo con procesos de sometimiento o negociaciones de paz”. Una decisión que se enmarca en las facultades constitucionales del Ejecutivo y busca evitar que las extradiciones interrumpan procesos de desmovilización o aportes a la verdad.

La medida cobró relevancia luego de conocerse que uno de los beneficiados podría ser Ever Veloza García, alias ‘HH’, exjefe paramilitar que se encuentra recluido en Colombia y tiene un proceso pendiente de extradición. Veloza ha expresado su interés en colaborar con los mecanismos de justicia restaurativa y aportar a procesos de memoria y verdad, en el marco de la Ley 2272 de 2022, que regula el sometimiento de estructuras armadas al margen de la ley.

Desde la Casa de Nariño, se ha reiterado que no se suspenderán extradiciones de forma automática ni indiscriminada. “No se trata de conceder impunidad”, aclaró Montealegre. “El Estado exigirá hechos concretos de colaboración, aportes efectivos a la reparación de las víctimas y desvinculación comprobada de la actividad criminal. De no cumplirse, la extradición procederá”. La verificación de estos compromisos estará a cargo de entidades como la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, según corresponda.

El anuncio generó reacciones categóricas en sectores políticos y judiciales. Algunos consideran que esta decisión podría debilitar la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, mientras que otros la ven como una oportunidad para dar prioridad a la justicia transicional y restaurativa dentro del país. En respuesta, desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que se mantendrán los canales diplomáticos con las autoridades estadounidenses y que la suspensión se justifica en casos excepcionales, conforme a la normatividad vigente.

La política de “paz total” ha sido una de las principales apuestas del actual Gobierno. Su objetivo es establecer negociaciones simultáneas con distintos grupos armados ilegales y estructuras criminales, diferenciando entre actores políticos y organizaciones de alto impacto dedicadas a economías ilícitas. En ese contexto, la extradición, según el ministro Montealegre, “debe dejar de ser un obstáculo para la verdad y la reparación en Colombia”.

De momento, no se ha confirmado cuántos casos están en estudio ni cuáles serán los criterios específicos que se aplicarán para evaluar si un cabecilla puede acceder al beneficio de la no extradición. Sin embargo, se anticipa que la decisión tendrá un seguimiento riguroso y será revisada caso por caso. Con ello, el Gobierno busca reforzar su apuesta por una salida negociada a los conflictos armados internos, sin renunciar a los compromisos internacionales en materia de justicia y cooperación judicial.

Juan Joya