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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, radicó ante el Senado un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución, el cual reconoce la Jurisdicción Especial Indígena, JEI. La iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación efectiva entre los 115 sistemas de justicia indígena del país y el sistema judicial ordinario, garantizando así seguridad jurídica y pleno respeto por la autonomía de los pueblos originarios.
El articulado reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ejercer su justicia propia, valorando sus particularidades culturales y su derecho a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma. Además, contempla la creación de herramientas concretas que respalden esta justicia diferencial, promoviendo una convivencia armónica entre los sistemas jurídicos que coexisten en Colombia.
Entre los principales aportes del proyecto están los mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como la traducción de lenguajes, la capacitación de intérpretes y la formación de autoridades y operadores judiciales, con el fin de garantizar una justicia más inclusiva y efectiva. También recoge desarrollos jurisprudenciales clave para la determinación del fuero indígena y los criterios de competencia.
“La coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena no es un gesto simbólico: es una garantía concreta de acceso a la justicia como derecho fundamental”, afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al explicar los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto busca subsanar vacíos normativos y superar barreras de acceso que, durante décadas, han afectado a las comunidades indígenas, debido a la falta de articulación entre la justicia ordinaria y la indígena. Montealegre aclaró que el proyecto no crea ni modifica competencias jurisdiccionales, pero sí establece reglas claras, mecanismos de articulación y principios orientadores para resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la inclusión de salvaguardas para los derechos de las mujeres indígenas. El texto establece compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el fin de transformar prácticas que puedan vulnerar sus derechos dentro de las comunidades.
La propuesta es resultado de un proceso participativo entre las entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, bajo el marco de trabajo de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, COCOIN.
Con esta iniciativa, el gobierno busca garantizar que los pueblos indígenas accedan de manera efectiva a la justicia, en condiciones de equidad, respeto por su identidad cultural y en el marco de una convivencia jurídica plural.
Paola Martínez Burgos
