Gobierno propone incluir papeleta para decidir sobre Asamblea Constituyente en  2026

Una  propuesta que ha generado reacciones encontradas entre sectores políticos y constitucionalistas.

El Gobierno Nacional anunció que en marzo de 2026 se someterá a votación ciudadana la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro y respaldada por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca rediseñar el marco institucional del país. Según el anuncio oficial, la consulta se realizará en el marco de las elecciones legislativas, mediante una papeleta adicional que permitirá a los ciudadanos decidir si desean o no una nueva Constitución.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, afirmó Montealegre, quien también aseguró que el proceso se desarrollará “dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”.

El anuncio ha generado una intensa controversia en el ámbito político y jurídico. Mientras el Gobierno sostiene que la actual Constitución de 1991 ha sido insuficiente para implementar reformas estructurales, sectores de oposición han advertido sobre los riesgos de una eventual concentración de poder. El exsenador Jorge Robledo expresó que “el presidente Gustavo Petro no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026, porque no se lo autoriza la Constitución ni la ley”.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la convocatoria no busca beneficiar al actual Gobierno. El ministro del Interior ha señalado que “la Asamblea Nacional Constituyente no es para este Gobierno; buscamos una octava papeleta para que el próximo gobierno busque desarrollar ese clamor”. Por su parte, el presidente Petro ha reiterado que su intención es que el proceso se lleve a cabo una vez finalice su mandato, y ha llamado a que “el pueblo se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”.

De otra parte, el expresidente César Gaviria también se pronunció en contra de la propuesta, afirmando que el presidente “no se saldrá con la suya” y advirtiendo sobre los peligros de alterar el orden constitucional sin los debidos procedimientos legales. En la misma línea, expertos constitucionalistas han recordado que, según el artículo 376 de la Constitución, la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe ser aprobada previamente por el Congreso mediante una ley que establezca su alcance, duración y composición.

El debate sobre la viabilidad jurídica y política de esta iniciativa continúa abierto. Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado que su objetivo es “profundizar en la igualdad, la solidaridad y dar un salto social” mediante una nueva Carta Magna. La ciudadanía tendrá la última palabra en marzo de 2026, cuando se enfrente a una decisión que podría redefinir el rumbo político del país.

Juan Joya