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¿Cuántas iglesias están registradas oficialmente y cómo se verían afectadas?
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de reforma tributaria que contempla, entre otros puntos, la inclusión de las iglesias y confesiones religiosas en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, siempre que desarrollen actividades mercantiles. La iniciativa fue presentada el lunes 1 de septiembre en la Secretaría de la Cámara de Representantes, en el marco de las sesiones de las Comisiones Económicas Conjuntas.
El articulado establece que “las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas”. La propuesta mantiene la exención fiscal para las actividades estrictamente religiosas, como cultos, misas y oraciones, pero exige una separación contable clara entre los ingresos litúrgicos y los ingresos comerciales.
Según cifras oficiales, al cierre de 2023 las iglesias y confesiones religiosas registraron ingresos por $8,06 billones, frente a los $4,2 billones reportados en 2014. El patrimonio estimado de estas entidades supera los $19 billones, lo que representa aproximadamente el 2 % del Producto Interno Bruto nacional. El Ministerio del Interior tiene registradas cerca de 8.000 iglesias en el país, las cuales estarían sujetas a la nueva obligación tributaria si el proyecto es aprobado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la reforma busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $557 billones. “Lo que estamos estructurando es una propuesta que nos garantice no solamente que financiamos el 2026, sino que estamos dando estabilidad macroeconómica a mediano plazo”, afirmó.
La propuesta también contempla ajustes en impuestos a juegos de azar, combustibles, licores, patrimonios elevados y actividades extractivas, así como incentivos para inversiones en energías limpias. El Gobierno ha señalado que no se modificarán los artículos de la canasta básica familiar, con el fin de evitar impactos en los estratos bajos y medios.
Este no es el primer intento de incluir a las iglesias en el régimen tributario. En 2021, durante el gobierno Duque, se discutió una propuesta similar que fue retirada tras fuertes reacciones de sectores religiosos y políticos. En ese momento, líderes de distintas confesiones argumentaron que sus actividades no tenían ánimo de lucro y que cumplían funciones sociales que el Estado no cubría. La iniciativa fue archivada sin llegar a primer debate.
En el pasado, también se han presentado debates sobre el tratamiento fiscal de las iglesias en relación con el IVA y la retención en la fuente. Actualmente, las confesiones religiosas no cuentan con un régimen especial frente al IVA y deben responder por este gravamen si desarrollan actividades sujetas al mismo. Además, actúan como agentes de retención en la fuente en los casos establecidos por la ley.
La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, expresó su rechazo a la medida, señalando que “el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad”. La congresista ha sido una de las voces más activas en defensa de la exención tributaria para las entidades religiosas.
El proyecto enfrenta un escenario legislativo complejo, en el que el Ejecutivo no cuenta con mayorías aseguradas. La inclusión de las iglesias en el régimen tributario ha generado divisiones entre todas las bancadas, y se anticipa un debate intenso en las comisiones económicas. El oficialismo ha insistido en que la medida no busca afectar la libertad religiosa, sino garantizar equidad fiscal en actividades que generan ingresos similares a los de cualquier empresa.
Juan Joya
