Gobierno presenta borrador de Ley de Competencias: más autonomía, más vigilancia

¿La Contraloría tendrá suficiente alcance para vigilar el nuevo modelo de transferencias?

El Gobierno nacional publicó el borrador de la Ley de Competencias, un proyecto de 201 artículos que busca reglamentar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) y redefinir el reparto de funciones entre la Nación, los departamentos y los municipios. La iniciativa, que ya comenzó su fase de socialización con comunidades indígenas, gremios territoriales y entidades públicas, representa una transformación estructural del modelo de descentralización vigente desde la Constitución de 1991.

“El proyecto busca definir qué nuevas responsabilidades tendrán departamentos y municipios, además de cómo deberán usar ese dinero extra, especialmente en áreas clave como educación y salud”, explicó el Ministerio de Hacienda en el documento base. La ley establece que las competencias se ejercerán “por el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía”, lo que implica que los municipios asumirán directamente la prestación de servicios esenciales, mientras los departamentos articularán esfuerzos regionales y el Gobierno nacional se encargará de la formulación de políticas, regulación y vigilancia.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la nueva categorización territorial. Las entidades ya no serán clasificadas únicamente por población o ingresos, sino también por capacidades fiscales, institucionales, vocaciones productivas, condiciones geográficas y prevalencia étnica o ambiental. Esta clasificación determinará el tipo de competencias que cada territorio podrá asumir, así como el nivel de autonomía en el uso de los recursos. “Complementaria a la categorización por capacidades, los municipios, distritos y departamentos serán clasificados teniendo en cuenta atributos estructurales tales como prevalencia étnica, ambiental, vocaciones productivas específicas y ruralidad”, señala el borrador.

En materia presupuestal, el proyecto mantiene la distribución actual del SGP: 58,5 % para educación, 24,5 % para salud, 5,4 % para saneamiento básico y 11,6 % para propósito general. Este último rubro será de libre destinación, lo que permitirá a los municipios pequeños mayor flexibilidad para cubrir gastos de funcionamiento o proyectos locales. No obstante, el Gobierno advierte que “los municipios pequeños son los que más problemas tienen con el manejo presupuestal y el control fiscal”, por lo que se reforzarán los mecanismos de vigilancia.

En el sector salud, la ley anticipa elementos de la reforma sanitaria impulsada por el Ejecutivo. Se propone la creación del Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria (Fidh), la transformación de las Empresas Sociales del Estado (ESE) en Instituciones de Salud del Estado (ISE), y la destinación del 90 % de los recursos del SGP en salud a la operación de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Estas medidas buscan fortalecer la atención territorial, especialmente en zonas rurales y dispersas, donde la cobertura es limitada.

La vigilancia fiscal será reforzada mediante la creación del Sistema de Autonomía y Descentralización Territorial, que articulará asistencia técnica, seguimiento y coordinación intergubernamental. Además, la Contraloría General de la República ejercerá control fiscal sobre los recursos del nuevo Fondo Especial de Ingresos y Transferencias, que reemplazará el actual esquema de distribución. El proyecto también contempla ajustes en la forma en que se reportan los gastos, se evalúan los resultados y se auditan los procesos administrativos en cada nivel de gobierno.

La socialización del borrador comenzó con encuentros regionales y mesas técnicas, y se espera que el texto definitivo sea radicado en el Congreso antes de finalizar la legislatura. Aunque el Gobierno ha insistido en que se trata de una reforma técnica, varios sectores han advertido que la redistribución de funciones podría generar tensiones políticas, especialmente en territorios con baja capacidad institucional. La implementación requerirá ajustes normativos, fortalecimiento de capacidades locales y coordinación permanente entre niveles de gobierno.

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Juan Joya