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20 agosto, 2025El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió iniciar una senda de ajuste fiscal para evitar una crisis de sostenibilidad en las finanzas públicas.
En medio del primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió sobre los riesgos fiscales que enfrenta el país ante el incremento del gasto público y el déficit proyectado. “El proyecto de presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, lo cual se traducirá en déficits más elevados y mayores niveles de deuda entre los años 2025 y 2027”.
El presupuesto propuesto por el Gobierno asciende a $556,9 billones, lo que representa un aumento del 5,9% frente al 2024. De ese monto, $454,5 billones corresponden al gasto primario —$365,8 billones en funcionamiento y $88,5 billones en inversión—, mientras que el servicio de la deuda alcanza los $102,5 billones. Según Villar, “la programación del PGN de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure, en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda pública”, la cual, desde la crisis sanitaria de 2020, se mantiene en niveles muy elevados.
Las proyecciones del Banco de la República estiman que el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2026 será del 6,2% del PIB, y el desbalance primario del 2,0%. Esto elevaría la deuda neta al 63,0% del PIB, en un contexto de crecimiento económico del 3,0%, inflación del 3,2% y un precio promedio del petróleo de USD 62,3 por barril.
Ante este panorama, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que el presupuesto está desfinanciado en $26,3 billones y planteó una reforma tributaria para compensar el déficit. “Una reforma tributaria es necesaria para regresar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal”, afirmó. Entre los ajustes propuestos están la modificación del IVA en productos consumidos por personas de mayores ingresos, el aumento de la progresividad en renta y patrimonio, nuevos tributos al tabaco y al alcohol, y el fortalecimiento de impuestos al carbono y al consumo.
Ávila también señaló que los gastos inflexibles para 2026 ascienden a $509 billones, incluyendo costos de deuda, funcionamiento del Estado, pensiones, salud y transferencias territoriales. “Los desembolsos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) representan 4,39% del PIB entre 2022 y 2025, mientras que los subsidios a energía y gas equivalen a 1% del PIB”, explicó.
El gerente del Emisor advirtió que “no realizar los ajustes en el momento oportuno representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país”. Además, destacó que el aumento de las transferencias territoriales, tras el Acto Legislativo sobre el Sistema General de Participaciones, obligará al Gobierno a destinar el 39,5% de los ingresos corrientes a los entes locales desde 2027, lo que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo.
Finalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló la ausencia de mecanismos claros de ajuste y posibles impactos negativos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Gobierno tendrá que presentar en los próximos meses la ley de financiamiento y la ley de competencias para garantizar que los recursos transferidos a los territorios correspondan con las funciones asignadas.
Juan Joya




