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¿Qué razones hubo para que en un solo día se alcanzara un pico de 5,7 billones en contratos?
La Contraloría General de la República reveló que en enero de 2026 las entidades del Gobierno central firmaron 164.813 contratos por un valor de 14,86 billones de pesos, antes de que comenzaran a regir las restricciones de la Ley de Garantías. La cifra no solo es alta en términos absolutos; también marca una diferencia significativa frente a enero de 2022, cuando se suscribieron 107.971 contratos por 8,84 billones de pesos. El contraste muestra un incremento del 52,6 % en el número de contratos y del 68,2 % en el valor contratado.
El organismo de control precisó, además, que durante los primeros días de enero de 2026 la contratación directa —modalidad en la que la entidad pública elige al proveedor sin concurso o licitación— registró un promedio diario de 0,74 billones de pesos. En la última semana del periodo analizado se adjudicaron 14,8 billones de pesos, con un pico de 5,7 billones en un solo día de enero. La concentración de recursos en tan pocos días no pasa inadvertida en época electoral y, según la Contraloría, amerita seguimiento.
El informe también desagrega qué entidades del orden nacional lideraron la firma de contratos directos en ese mes. Encabeza el listado el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con 1,72 billones de pesos; le sigue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con 1,26 billones; y en tercer lugar la Aeronáutica Civil, con 0,76 billones. Se trata de entidades con funciones misionales amplias y de nivel nacional, lo que justifica su tamaño presupuestal, aunque el volumen registrado en enero resalta dentro del consolidado general.
En el nivel territorial, la actividad contractual más alta se concentró en distritos especiales, es decir, entidades públicas con funciones administrativas propias de las ciudades. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla reportó 1,33 billones de pesos; el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 0,88 billones; y Santiago de Cali Distrito Especial, 0,54 billones. Estos montos ubican a las principales capitales dentro del mapa de mayor dinamismo contractual en el periodo previo a la aplicación de la Ley de Garantías.
Conviene precisar qué implica esa ley. La norma no suspende la administración pública ni impide ejecutar presupuesto, pero sí impone límites a la contratación estatal durante el periodo preelectoral para reducir el riesgo de que los recursos públicos incidan en campañas. Restringe ciertos convenios interadministrativos y establece controles adicionales. Por eso, cada vez que se aproxima su entrada en vigencia, suele observarse una intensificación en la firma de contratos. En esta ocasión, las cifras oficiales muestran que esa aceleración fue particularmente marcada, tanto en número como en cuantía.
Sumado a esto, la Contraloría informó sobre hallazgos fiscales por más de 53.000 millones de pesos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), relacionados con presuntas irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la alimentación de estudiantes. Aquí el foco no está en la velocidad de la contratación, sino en la correcta destinación del erario. Con estos reportes, el ente de control deja abiertas líneas de auditoría tanto sobre el volumen concentrado de contratos antes de la Ley de Garantías como sobre posibles detrimentos patrimoniales detectados en programas.
Juan Joya
