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Defensa de Miguel Uribe denuncia ante la CIDH presunta interferencia del Gobierno Petro en investigación por atentado
El abogado Víctor Mosquera, representante del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, elevó serias denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre una posible injerencia del Gobierno nacional en la investigación del atentado del que fue víctima el congresista.
En su intervención desde Washington, Mosquera manifestó que “hay una profunda preocupación por la intervención del Ejecutivo en una investigación que debería ser autónoma”, haciendo referencia directa al Gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de divulgar información sin verificación y señalar responsables sin pruebas contundentes.
“Desde el primer momento, el Ejecutivo ha irrespetado la independencia de los fiscales”, sostuvo el abogado, quien también advirtió que el Gobierno estaría realizando indagaciones paralelas, desvirtuando el proceso judicial legítimo y socavando la objetividad de la Fiscalía General de la Nación.
CIDH evalúa medidas cautelares para Uribe y su familia
Ante lo que calificó como un riesgo grave e inminente para la seguridad de Miguel Uribe y su núcleo familiar, Mosquera presentó dos solicitudes de medidas cautelares urgentes. Una de ellas a título personal y otra en representación de su familia, con el fin de garantizar su protección en un contexto de creciente tensión política.
El abogado entregó tres informes documentales a la CIDH, los cuales —según indicó— prueban la existencia de discursos de odio y campañas de estigmatización impulsadas por altos funcionarios del Gobierno Petro en contra del Centro Democrático y sus líderes.
Atentado como acto de terrorismo y omisión de la UNP
Mosquera enfatizó que el atentado no debe tratarse como un simple caso de tentativa de homicidio. Para él, calificarlo como terrorismo es esencial para reflejar la magnitud del ataque y aplicar sanciones ejemplares. “Este no fue un hecho aislado, sino un acto diseñado para sembrar miedo en la población y amedrentar a la oposición política en pleno año preelectoral”, afirmó.
Además, denunció una grave omisión por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegurando que al menos 51 solicitudes de refuerzo en la seguridad de Miguel Uribe fueron ignoradas, a pesar de su condición de líder opositor y aspirante presidencial.
“El fallo fue de la UNP, que desprotegió deliberadamente a un senador que enfrentaba amenazas evidentes”, subrayó Mosquera, quien insistió en que se trata de un patrón preocupante de desatención hacia miembros de la oposición.
La decisión de la CIDH podría conocerse en 15 días
La defensa confirmó que la respuesta oficial de la CIDH sobre las medidas cautelares solicitadas podría conocerse en aproximadamente 15 días. Mientras tanto, también reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido notificado formalmente sobre los hechos, incluyendo los discursos oficiales que —según Mosquera— configuran un acto de estigmatización política.
Esta denuncia se convierte en un nuevo foco de presión internacional sobre el Gobierno Petro, al poner bajo la lupa de organismos de derechos humanos su comportamiento frente a la oposición. La controversia promete escalar en medio de un ambiente electoral cada vez más polarizado en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
