Gobierno invierte más de $5.000 millones para fortalecer la educación rural en Uribia, La Guajira

Con una inversión que supera los $5.100 millones, el Gobierno nacional avanza en la transformación de la infraestructura educativa en zonas rurales de Uribia, beneficiando a 743 estudiantes, en su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Wayuu. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de acceso y calidad educativa en territorios históricamente afectados por el rezago institucional.

El proyecto fue liderado por el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo técnico de Findeter, e incluyó la ejecución de 10 obras de infraestructura en sedes educativas ubicadas en comunidades rurales. Estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar espacios dignos para el aprendizaje en contextos con limitaciones estructurales.

Gracias a estas obras, se logró ampliar la capacidad de atención en las instituciones educativas mediante la construcción de nuevas aulas, lo que impacta directamente en el acceso y permanencia escolar de los estudiantes. Además, las mejoras en los entornos educativos contribuyen a fortalecer los procesos pedagógicos en el territorio.

Cada uno de los proyectos contó con inversiones que oscilaron entre $313 millones y $667 millones, distribuidas en distintas sedes rurales del municipio. Entre ellas se destacan Atapup ($313,40 millones), Amushishou ($313,40 millones), Aipaimana ($612,46 millones), Pishichoon ($667,97 millones) y Juyamana ($622,02 millones), que ahora cuentan con mejores condiciones para la formación académica.

Asimismo, se intervinieron sedes de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández, como Tequendama ($645,38 millones) y Atachonkat ($313,40 millones), consolidando espacios adecuados para el aprendizaje en comunidades rurales con alta población indígena.

En el caso de los internados indígenas, las mejoras incluyeron sedes como Matia, de la Institución Etnoeducativa Indígena Puay ($645,38 millones), San Martín del Internado Indígena del Cabo de la Vela ($617,63 millones) y Maleen, de la Institución Etnoeducativa Puerto Nuevo ($365,98 millones), lo que fortalece la educación en contextos de residencia escolar para comunidades dispersas.

Este avance se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional orientada a cerrar brechas en infraestructura educativa en regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, con énfasis en zonas rurales e indígenas. La iniciativa representa un paso clave hacia la equidad educativa y el fortalecimiento del sistema en territorios históricamente excluidos.

Humberto ‘Toto’ Torres