Gobierno extiende contrato por $10.000 millones para defensa internacional tras inclusión de Petro en lista OFAC

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), prorrogó hasta el 30 de junio de 2026 el contrato firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, cuyo objetivo es brindar asesoría jurídica internacional especializada tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la “Lista Clinton”.

La extensión del contrato mantiene intacto el valor inicial de dos millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos, pese a que el acuerdo inicialmente estaba previsto para finalizar el pasado 30 de abril. El contrato fue suscrito el 9 de enero de 2026 y contempla servicios de defensa jurídica internacional, análisis de sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras y evaluación de riesgos institucionales y reputacionales.

De acuerdo con el documento oficial de prórroga, la Presidencia argumentó que los asuntos tratados requieren acompañamiento permanente y estrategias técnicas altamente especializadas, razón por la que se hizo necesaria la ampliación del plazo contractual. Además, el DAPRE explicó que el proceso no corresponde a una actividad de ejecución inmediata, sino a una labor progresiva relacionada con procedimientos complejos ante entidades internacionales.

La asesoría contratada tiene como eje central la situación derivada de la inclusión del mandatario colombiano en la lista OFAC de Estados Unidos, un hecho que generó controversia política y jurídica desde comienzos de este año. En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que la defensa internacional busca mitigar riesgos jurídicos y proteger la imagen institucional del país y del jefe de Estado.

Según el reporte contractual, hasta el momento se ha efectuado un primer desembolso por 2.500 millones de pesos, mientras que permanecen pendientes otros tres pagos que suman 7.500 millones. Estos recursos serán girados únicamente tras la aprobación de informes y la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas por el contratista.

El documento también revela que durante la ejecución del contrato surgieron inconvenientes tributarios no previstos inicialmente. Entre ellos, la obligación de la firma contratista de registrarse ante la DIAN y asumir el pago del IVA correspondiente a los servicios prestados en Colombia, situación que alteró el cronograma de pagos y obligó a realizar trámites fiscales y administrativos adicionales.

Como parte de la prórroga, el DAPRE anunció la creación de una mesa técnica de apoyo para la supervisión contractual. Esta instancia tendrá la tarea de revisar de forma “oportuna e inmediata” los informes entregados por Amadeus Consultancy Limited, con el fin de agilizar la validación de resultados y facilitar los desembolsos pendientes.

En enero pasado, cuando se conoció la firma del contrato, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente el uso de recursos estatales para financiar su defensa internacional y responsabilizó a sectores de oposición de promover acciones en su contra en Estados Unidos. En ese momento escribió en sus redes sociales que las gestiones de opositores en Washington y Miami habrían derivado en consecuencias internacionales contra su gobierno. Incluso afirmó que algunos sectores “querían hasta invasión y extracción”, calificándolos de “apátridas”.

La prórroga del millonario contrato vuelve a abrir el debate político sobre el uso de recursos públicos en procesos de defensa internacional del mandatario, mientras sectores afines al Gobierno aseguran que se trata de una medida necesaria frente a un escenario jurídico complejo y con repercusiones diplomáticas.

Sala Digital Colmundo