El Ministerio del Interior denunció que, pese a los acuerdos alcanzados para la liberación de 29 uniformados en El Plateado, Cauca, un grupo de personas volvió a agredir a la Fuerza Pública en un intento por forzar su retiro del territorio.
En un comunicado, la entidad lamentó que “los acuerdos que se establecieron con un grupo de personas de la zona de El Plateado con el apoyo de la Defensoría de Pueblo y la MAPP-OEA, que permitieron el retorno de 29 miembros de la Fuerza Pública, fuesen violados y nuevamente un grupo de personas agrediera a la Fuerza Pública, buscando su retiro del territorio de El Plateado”.
El Gobierno Nacional ha reforzado su presencia en el Cañón del Micay con el fin de transformar las condiciones de la población, históricamente afectada por el conflicto y el abandono estatal. Para ello, ha destinado más de $500.000 millones en programas de desarrollo en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, el 65% de los habitantes sigue en pobreza extrema y la violencia ha aumentado un 30% en el último año, debido al control que ejercen grupos armados ilegales sobre economías ilícitas.
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Frente a la compleja situación de seguridad, el Ministerio de Defensa ha intensificado operativos militares con el propósito de recuperar el control del territorio y proteger a la población civil. No obstante, el Gobierno reitera que la solución de fondo debe estar basada en una intervención social integral.
“El presidente de la República ha sido reiterativo en mencionar que la única forma para mejorar y transformar las condiciones del territorio debe ser una intervención social integral”, enfatizó el Ministerio del Interior, agregando que “en tal sentido, incrementaremos la presencia articulada de todas las instancias del Estado Colombiano”.
A pesar de los recientes ataques, el Gobierno mantiene su disposición al diálogo y confirmó que este martes estará en Popayán, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, para reunirse con representantes de la comunidad de El Plateado y buscar soluciones conjuntas.
“Los actores armados ilegales solo buscan perpetuar el miedo y la violencia. El Estado no permitirá que esto continúe”, sentenció la entidad en su pronunciamiento.
Finalmente, el Gobierno insistió en que su estrategia en el Cañón del Micay no es solo militar, sino un compromiso a largo plazo con el bienestar de sus habitantes, en el que la inversión social es clave para generar oportunidades y debilitar la influencia de grupos armados en la región.
Humberto ‘Toto’