En una decisión que busca impactar positivamente en las finanzas públicas, el gobierno de Gustavo Petro ha expedido un decreto que establece un riguroso plan de austeridad para el año 2024. Esta medida, según lo expresado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, apunta a generar un ahorro significativo, estimado en unos US$ 600 millones para el presente año.
El decreto, emitido en la noche del miércoles 21 de febrero, conlleva un llamado a un “estricto control al gasto”, poniendo énfasis en la necesidad de racionalizar diversos aspectos del presupuesto estatal.
Una de las principales directrices del decreto es la revisión y racionalización de los contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión, por parte de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. Se espera que estas entidades realicen una evaluación exhaustiva de las razones que justifiquen la contratación de personal para estos fines, como una medida para optimizar los recursos disponibles.
En lo que respecta a las vacaciones y horas extras, el decreto establece medidas concretas para reducir su uso innecesario. Se hace hincapié en la necesidad de verificar la relación entre la necesidad y la programación de las horas extras, con el objetivo de evitar reconocimientos excesivos.
Además, el decreto contempla la obligatoriedad de que los vuelos de los funcionarios públicos se realicen en clase económica, como parte de un plan integral de austeridad que también aborda la reducción de gastos en publicidad y una revisión de los esquemas de seguridad.
Finalmente, el decreto permite a las entidades realizar el cambio de vehículos que superen los seis años de antigüedad, como parte de una estrategia para mantener una flota vehicular más eficiente y económica.
Esta medida, aunque puede generar cierta controversia, se presenta como un paso necesario en el camino hacia una gestión fiscal más responsable y transparente por parte del Gobierno Nacional.
Humberto ‘Toto’ Torres