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El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, solicitó la suspensión de la audiencia de adjudicación de un importante proceso de contratación de la Registraduría Nacional, debido a varias preocupaciones sobre las condiciones del proceso.
En su cuenta de X, Idárraga publicó que este proceso busca “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales” por un valor de $41.017 millones.
Ante las posibles acciones que podrían llegar a limitar el acceso plural de oferentes y facilitar la adjudicación al mismo contratista (como Thomas Greg & Sons), el secretario de Transparencia sostuvo que las condiciones del proceso generan serias inquietudes que deben ser abordadas para garantizar la transparencia y la competencia justa.
La justificación de Idárraga para solicitar la suspensión fue: “Se identificaron plazos de menos de dos meses previos a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato, lo que incluye actividades como la parametrización del software, las pruebas y los alistamientos previos al escrutinio”. Esto, según el funcionario, garantizaría la adecuada ejecución de las actividades, especialmente para un contratista que no haya ejecutado previamente un contrato igual o similar con la entidad.
Además, se pudo establecer que la “Registraduría está especificando fechas de entregables que deberían ser presentados antes del cierre del proceso de selección. Esto es problemático porque los ofrecimientos deberían realizarse dentro del marco del contrato firmado, no como propuestas presentadas durante el proceso de selección”.
En su pronunciamiento, menciona que la experiencia requerida podría cerrar las condiciones de acceso al proceso, dado que se exige experiencia certificada únicamente por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, lo que limitaría la participación a contratistas que hayan ejecutado contratos similares con el organismo electoral, excluyendo así a potenciales oferentes extranjeros.
Además, los oferentes extranjeros también enfrentarían dificultades debido a la exigencia de demostrar experiencia logística en Colombia (empaque, certificación, transporte, custodia y distribución a todos los municipios del país). La exigencia de contratación directa, y no como subcontratistas, limitaría todavía más la competencia, dado que la mayoría de las empresas que han ejecutado este tipo de contratos con la Registraduría en los últimos años son uniones temporales conformadas por empresas como Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Prosegur de Colombia S.A.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, posteó que “la toma de Thomas and Greg de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana”.
Juan Joya
