Gobierno alerta por retrocesos en la ponencia alternativa de la reforma a la salud

El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió sobre los riesgos que representa la ponencia alternativa de la reforma a la salud radicada esta semana en el Congreso, señalando que mantiene un modelo que ha demostrado ser ineficiente e insostenible. Según la entidad, la propuesta “mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo colombiano por parte de las EPS”, a pesar de los informes oficiales que muestran su creciente insolvencia, el mal uso del gasto y las millonarias deudas con hospitales y proveedores.

Uno de los puntos más críticos, de acuerdo con el Ministerio, es que el Consejo Nacional de Salud “sustituye las funciones constitucionales del Ministerio” al pasar de recomendar a definir políticas clave, como el plan de beneficios o el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “Esa es una función que corresponde constitucionalmente al gobierno”, e insistieron que ven en esta modificación una pérdida de la rectoría estatal sobre el sistema de salud.

En ese sentido, también alertó que la ponencia convierte la UPC en un instrumento que “fortalece el patrimonio de privados”, en lugar de garantizar la financiación de los servicios en salud. Asimismo señala que los recursos podrán cubrir “costos de afiliación, administración y mecanismos para el fortalecimiento patrimonial”, e incluso “permitir que los diferentes actores del sistema operen sin déficit”. Además, preocupa que el cálculo de la UPC esté sujeto a la validación final de “una universidad extranjera”, lo que podría restar autonomía técnica al país.

Otro de los puntos abordados y que están siendo cuestionados, es que la propuesta “privilegia indebidamente a las EPS insolventes”, ya que el Estado pagaría sus deudas durante los próximos cinco años con recursos públicos provenientes de impuestos saludables, el IVA social y un punto del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Ministerio, esto “perpetuaría un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos” y desviaría el foco del sistema, que debería estar en la prevención, la atención oportuna y la vida de los ciudadanos.

El comunicado también denuncia que la ponencia otorga una “chequera ilimitada” a las EPS, obligando al Estado a cubrir cualquier exceso de gasto sin auditorías previas. A esto se suma la eliminación de un régimen especial para mejorar las condiciones laborales del personal de salud, lo que “condena a los trabajadores a continuar en condiciones de precariedad”. Además, se eliminarían los recursos destinados a pagar la licencia de maternidad a mujeres no cotizantes, afectando a más de 300 mil madres vulnerables y sus recién nacidos.

Por consiguiente, advierte que la reforma alternativa “destruye la atención primaria” al obligar al Gobierno a buscar recursos adicionales sin tocar los privilegios de las EPS, en contravía de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. También elimina la cuenta destinada al fortalecimiento de la red pública hospitalaria, poniendo en riesgo la operación de muchos hospitales que dependen de la venta de servicios. Por otro lado, “desconoce la autonomía territorial” al entregar a las EPS la organización de la red de servicios, lo que podría afectar el derecho de los pacientes a elegir dónde recibir atención.

Finalmente, MinSalud reitera que la propuesta “mantiene el negocio de la integración vertical”, perpetúa la discriminación entre los regímenes contributivo y subsidiado y elimina las unidades zonales de planeación en salud, esenciales para el manejo eficiente de recursos y la evaluación del sistema. Y ante estos retrocesos, reafirmó su compromiso con “una reforma que ponga en el centro la vida de las personas, que asegure el uso transparente y eficiente de los recursos y que materialice el derecho fundamental a la salud”.

Dayineth Isabel Molina Velásquez