Gobernadores, concejales y congresistas han cuestionado duramente la reforma a la justicia ¿Por qué?

¿Qué otras medidas cree se debe tomar en contra de estos delincuentes?

El crimen de Sofía Delgado, una menor de 12 años que fue asesinada en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, ha vuelto a abrir el debate sobre si en Colombia debería insistirse en la cadena perpetua para castigar a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

Desde diferentes sectores, como el Congreso, el Concejo y gobernadores, afirman que debe haber sanciones ejemplares para quienes atenten contra los menores, como ocurrió en este caso.

Por una parte, la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, aseguró que se debe poner sobre la mesa nuevamente la cadena perpetua para castigar a estos delincuentes, en vez de plantear rebajas de penas, como lo propone la reforma a la justicia que está impulsando el Gobierno.

“En este país no necesitamos premiar a esos monstruos con rebajas de penas, como está contemplado en el artículo 7 de la reforma a la justicia. Lo que necesitamos es un sistema judicial sólido y robusto que demuestre que los derechos de los niños ni se concesionan ni se negocian”, enfatizó.

Agregó: “En vez de estar buscando atenuantes para las penas de estos delitos, lo que necesitamos es que este dolor que siente el país nos una en una lucha conjunta para que la cadena perpetua sea una realidad para abusadores y homicidas de niños”.

Por otra parte, el senador Jota Pe Hernández lamentó la muerte de “Sofía, Gabriel, Santiago y Yuliana Samboni”, e indicó que en el año van más de 370 niños asesinados. Señaló que “el gobierno de Gustavo Petro no está del lado de los niños”.

Añadió: “En la reforma a la justicia, en el capítulo 7, le están entregando un beneficio a secuestradores, violadores y asesinos de niños y adolescentes al rebajarles la pena. ¡No! Por el contrario, estos delincuentes merecen la máxima pena que exista en la justicia de Colombia”.

En ese mismo sentido, Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, cuestionó el artículo del proyecto de reforma a la justicia que establecería beneficios para abusadores de menores.

Colmenares calificó este artículo como un “orangután” y se manifestó en contra de la medida.

“En Colombia, cada hora un niño es abusado sexualmente. En promedio, 15.000 menores fueron abusados en el último año. Revisando su reforma a la justicia, nos encontramos este gran orangután que busca rebajarles la pena a estos abusadores y violadores de niños. ¿Qué es lo que quiere decir el presidente Petro? Dejar en total indefensión a nuestros menores y, por eso, me opongo rotundamente. Cada inadaptado que se meta con nuestros niños debe caerle todo el peso de la ley”, dijo.

Otra de las voces que se ha levantado en contra de esta posible rebaja de penas ha sido la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos. Eso no puede ser. Voy a hacer una carta y a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir; al contrario, hay que endurecer las penas y darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, aseguró Toro.

Por ahora, desde el Congreso se ha pedido celeridad al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional para que pronto puedan dar la aplicación de las leyes que crean la alerta rosa y la alerta Colombia, que consiste en emitir una alarma en los celulares y dispositivos electrónicos de las personas que se encuentren geográficamente ubicadas en la zona donde un menor fue reportado como desaparecido, con la finalidad de contribuir con su búsqueda.

Paola Martínez Burgos