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13 octubre, 2026
Dilian Francisca Toro anunció medidas para controlar bloqueos, coordinar a la Fuerza Pública y reforzar la seguridad en el suroccidente del país.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que la Fuerza Pública intervendrá de inmediato si se presentan actos de violencia durante las protestas previstas en el suroccidente de Colombia. El anuncio se produjo el lunes festivo 12 de octubre de 2026, tras un consejo de seguridad realizado en Cali con autoridades nacionales y regionales.
“Si hay un acto de violencia, inmediatamente se va a actuar”, afirmó Toro al explicar los acuerdos para atender las movilizaciones, en una semana marcada por las alertas de seguridad y las jornadas de manifestación previstas en la región.
El encuentro, encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, se realizó después de una escalada de ataques atribuidos a las disidencias de las FARC, entre ellos el atentado con carro bomba en el peaje de El Bordo, en Cauca, y el asesinato de un patrullero en Tuluá, Valle del Cauca.
Protestas con diálogo, pero sin bloqueos ni violencia
Toro sostuvo que las autoridades garantizarán el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero advirtió que no permitirán bloqueos que afecten la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica. La gobernadora señaló que estas situaciones han golpeado especialmente a corredores estratégicos y zonas como Buenaventura.
“Las marchas son legales y constitucionales, pero no se va a tolerar nada: cero violencia y cero bloqueos”, manifestó la mandataria al referirse a los lineamientos acordados durante la reunión.
Para responder a posibles alteraciones del orden público, las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, acompañado de un puesto de mando departamental. El objetivo será coordinar las decisiones entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales en los puntos donde se registren situaciones críticas.
La gobernadora explicó que el nuevo esquema contempla un tiempo definido para intentar acuerdos mediante el diálogo con las comunidades. Si no se alcanza una solución dentro de ese plazo, la Fuerza Pública podrá intervenir, en coordinación con las autoridades y con respeto por los derechos humanos.
La intervención también podrá ser inmediata si se presenta un hecho violento, sin esperar a que termine el periodo previsto para el diálogo. La medida busca establecer una respuesta coordinada ante incidentes que pongan en riesgo a manifestantes, habitantes y terceros.
Más equipos anti-drones para el suroccidente
El consejo de seguridad también abordó el uso de drones por parte de grupos armados ilegales, una preocupación para las autoridades en zonas como Jamundí y el norte del Cauca.
Toro anunció que la Gobernación está adquiriendo más equipos anti-drones para fortalecer las capacidades del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada. La administración departamental coordina este esfuerzo con el Gobierno nacional para responder a las amenazas que representan estos dispositivos.
“Desde la Gobernación estamos adquiriendo más equipos anti-drones para el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada, que sufrió daños en sus buques”, señaló la mandataria, quien también anticipó una operación contra las invasiones y las economías ilícitas, sin revelar detalles sobre su alcance.
Gobernadora pide acciones contra la violencia política hacia las mujeres
Durante el encuentro, Toro también se pronunció sobre las agresiones misóginas y los ataques contra la dignidad de las mujeres. La mandataria expresó solidaridad con la primera dama, Ana Lucía Pineda, y aseguró que ella misma ha sido víctima de este tipo de violencia.
“Es fundamental que la justicia tome cartas en el asunto”, afirmó al pedir una respuesta institucional frente a las agresiones que buscan deslegitimar o afectar a las mujeres en la vida pública.
La Gobernación trabaja en la divulgación de la Ley de No Violencia Política contra las Mujeres y cuenta con una ordenanza departamental sobre el tema, además de adelantar acciones con las Naciones Unidas para visibilizar esta forma de maltrato.
Los acuerdos de seguridad deberán traducirse en acciones concretas durante las próximas movilizaciones. La coordinación entre las autoridades, los límites a la intervención de la Fuerza Pública y las garantías para la protesta pacífica serán determinantes para evitar nuevos bloqueos y hechos violentos en el suroccidente del país.
