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Girley Ordóñez Bowie aseguró que no tenía facultades para remover al gerente del hospital y explicó que solicitó la intervención de la Supersalud ante las fallas en la atención.
La gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, respondió a los cuestionamientos sobre la crisis del Hospital Departamental y las denuncias relacionadas con su administración, en medio de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La mandataria defendió su actuación durante los tres meses de gestión y explicó las medidas que, según dijo, tomó ante las fallas del centro asistencial.
Ordóñez Bowie sostuvo que no podía remover directamente al gerente del hospital, debido a las condiciones legales de su nombramiento. “Bajo ninguna circunstancia, según lo que me indicaron las asesorías jurídicas, la junta directiva o, en mi caso, como presidenta de la junta, podía remover a un director que había sido electo a través de un proceso de mérito y quien tenía un cargo por un periodo institucional de cuatro años”, afirmó.
Gobernación asegura que había advertido sobre las fallas
La mandataria señaló que, desde el inicio de su administración, manifestó preocupación por los problemas de gestión y administración de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) del archipiélago. Según explicó, la Secretaría de Salud departamental adelantó labores de inspección, control y vigilancia frente a los hallazgos detectados.
“Estuve inquieta desde el primer momento por las dificultades que presentábamos con la gestión y la administración de la E.S.E. SAI del departamento, pero aun así fui respetuosa”, manifestó la gobernadora al referirse a su actuación frente a la gerencia.
Ante la persistencia de los problemas, Ordóñez Bowie aseguró que acudió directamente al Gobierno Nacional para solicitar apoyo. “Le escribí personalmente a través de mi teléfono móvil a la señora ministra solicitándole que, por favor, nos apoyara con la intervención porque esto ya había excedido todo control de la administración”, sostuvo.
Hospital de San Andrés tiene 13 servicios sin prestar
La intervención de la Supersalud puso en evidencia dificultades en la atención médica del archipiélago. De acuerdo con las cifras reportadas por la entidad, 13 de los 59 servicios habilitados en el hospital no se estaban prestando, una situación que limita el acceso de los pacientes a procedimientos y especialidades.
El panorama también incluye pacientes que llevan más de un año esperando cirugías y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura. La acumulación de estos exámenes puede retrasar la confirmación de diagnósticos y las decisiones sobre los tratamientos.
Las deficiencias tienen consecuencias directas para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes dependen de la capacidad del hospital departamental para recibir atención especializada sin tener que afrontar las dificultades de trasladarse al territorio continental.
Reportan rezagos financieros y equipo sin entregar
La situación administrativa también presenta dificultades financieras. Según los datos conocidos, el hospital acumulaba un rezago cercano a $3.605 millones en facturación a diciembre de 2025, un indicador que refleja problemas en el registro y trámite de los servicios prestados.
A esto se suma la compra de una máquina destinada al tratamiento de residuos biológicos. Aunque se habría entregado un anticipo del 50 %, equivalente a $858 millones, el equipo no había sido entregado, según la información reportada.
Estos asuntos se suman a los cuestionamientos sobre la gestión hospitalaria y requieren aclaraciones sobre los procesos contractuales, los pagos realizados y las responsabilidades correspondientes.
Gobernadora señala que estableció un plan hasta diciembre
Ordóñez Bowie afirmó que su administración elaboró un plan de acción de corto plazo, con compromisos hasta diciembre de 2026, para que la gerencia del hospital presentara resultados frente a las dificultades identificadas.
Su pronunciamiento se conoce en medio de cuestionamientos sobre la gestión del centro asistencial y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en contratos y una posible nómina paralela. Sin embargo, la información suministrada no precisa la respuesta de la gobernadora a cada una de esas acusaciones en particular.
El reto inmediato será determinar si la intervención de la Supersalud permite recuperar los servicios suspendidos, reducir las listas de espera y esclarecer los hallazgos administrativos y financieros. Para los habitantes del archipiélago, los resultados deberán reflejarse en una atención médica oportuna y en una mayor capacidad de respuesta del hospital.
