Las autoridades colombianas, en colaboración con diferentes entidades gubernamentales, han ejecutado un masivo operativo en los Farallones de Cali, dirigido a contrarrestar la extracción ilegal de minerales en el Parque Nacional Natural de la región. Este operativo, en sintonía con los lineamientos de los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, ha sido liderado por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF).
En una primera fase, se logró desmantelar la estructura de una organización delictiva conocida como GOLDEN CLIFF, responsable de la explotación ilegal de oro en la zona protegida. Esta acción condujo a la captura judicial de 11 individuos involucrados en la coordinación de la extracción ilegal y la comercialización del oro en ciudades como Cali y Pereira. Además, se incautaron 23 semovientes que eran utilizados para el transporte logístico de los mineros ilegales.
Las etapas posteriores del operativo se centraron en la intervención de tres frentes mineros ilegales en el interior del parque, donde se logró implosionar 11 socavones, específicamente en áreas conocidas como ‘La Martínez’, ‘El Feo’ y ‘Patequeso’. Paralelamente, se efectuó la captura en flagrancia de cinco personas por delitos que incluyen violencia contra funcionarios públicos, explotación ilegal de yacimientos mineros e invasión de áreas ecológicas de especial importancia.
El impacto de esta operación en la conservación del área protegida y en la afectación a las economías derivadas de las actividades de minería ilegal en el Valle del Cauca es notable. Se estima que la maquinaria y equipos destruidos estarían valorados en más de 5.000 millones de pesos.
La intervención permitió la salida de aproximadamente 800 personas involucradas en la extracción ilegal, una actividad que generaba impactos ambientales negativos en los ecosistemas de la región. Este accionar ilícito no solo afectaba los afluentes hídricos, sino que también deterioraba la fauna, la flora y el equilibrio ecológico del departamento.
La explotación ilegal en estos frentes mineros lograba extraer mensualmente cerca de 83.000 gramos de oro, valorados en 15.000 millones de pesos, financiando posiblemente grupos armados ilegales.
El general William Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, subrayó la importancia de estas operaciones para proteger el medio ambiente y contribuir al bienestar de las comunidades circundantes. Afirmó que estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno Nacional con la protección ambiental y la seguridad pública.
Estos esfuerzos son parte de la Estrategia Institucional contra la Extracción Ilícita de Yacimientos Mineros (EIMIL) del año 2023. En este marco, se llevaron a cabo 827 operaciones y se intervinieron 3.482 minas en todo el territorio nacional, desarticulando estructuras delictivas y decomisando maquinaria.
El impacto financiero de estas acciones alcanza los 302.826 millones de pesos (75,8 millones de dólares). Asimismo, se adelantaron acciones contra estructuras del ‘Clan del Golfo’, resultando en la captura de 80 determinadores y el inicio de siete procesos de extinción del derecho de dominio.
Estas acciones operativas también se extendieron a nivel trasnacional, coordinadas con países como Estados Unidos, Turquía, Italia y Emiratos Árabes, impactando organizaciones criminales dedicadas a la exportación de oro y desarticulando la cadena delictiva desde la extracción hasta la comercialización.
Humberto ‘Toto’ Torres