Generales señalan a Isabel Zuleta por “usurpación de funciones” en operativos militares

“Como defensora de derechos humanos” exige que las operaciones respeten la ley y el principio de distinción.

La senadora Isabel Cristina Zuleta enfrenta cuestionamientos de gran alcance tras ser señalada por ocho generales del Ejército y la Policía —cinco en servicio activo y tres en retiro— de intervenir en operativos contra estructuras criminales en distintas regiones del país. Las acusaciones muestran un escenario de tensión entre la Fuerza Pública y una congresista reconocida por su activismo social y político.

De acuerdo con los oficiales, Zuleta habría presionado para frenar acciones mediante llamadas, mensajes y contactos directos con mandos en terreno. Los generales sostienen que su presencia y sus gestiones constituyen una “usurpación de funciones” y que podrían afectar la coordinación de las operaciones, debilitando la capacidad de respuesta frente a grupos armados ilegales. “La senadora está interfiriendo en la lucha contra el crimen”, señalaron en sus declaraciones.

Las denuncias apuntan a que la senadora habría intervenido en operativos contra el Clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá, la banda urbana La Terraza y estructuras vinculadas a alias Yordi, principalmente en Antioquia y el Valle de Aburrá. Los oficiales trasladaron sus señalamientos a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Defensa, lo que le da un carácter formal al caso.

La congresista respondió con un mensaje que llamó la atención por su tono desafiante: “Mi cabeza puede rodar”. Con esta frase, Zuleta buscó subrayar que está dispuesta a asumir las consecuencias de su papel político y de las denuncias que ha hecho en defensa de comunidades que, según ella, han sufrido abusos durante operativos militares.

En sus declaraciones agregó: “Como defensora de derechos humanos siempre he exigido que las operaciones militares y de policía estén ajustadas a la ley, siempre voy a exigir que se cumpla el principio de distinción, que no se afecte a los civiles. Que se actúe así no hayan denuncias porque la fuerza pública no puede esperar que una ciudadanía atormentada y con miedo denuncie. Están molestos porque hoy soy Senadora y no sólo les exijo como ciudadana sino que les puedo hacer un debate de control político como se los anuncié a la @PoliciaColombia por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales.”

Los señalamientos se conocen en medio de la alta presión en las regiones más golpeadas por la violencia, donde las operaciones militares buscan contener el avance de grupos armados ilegales. El rifirrafe entre Zuleta y los generales expone la dificultad de equilibrar la acción política con las necesidades de seguridad en territorios donde la población reclama protección, pero también respeto a sus derechos.

La situación pone en el centro a una senadora de la Republica y a las fuerza publica, lo que le da un peso adicional al caso. Más allá de los señalamientos, el caso deja ver la tensión que se vive en las zonas más afectadas por la violencia, donde las comunidades reclaman garantías y donde las decisiones de la Fuerza Pública y las exigencias políticas tienen efectos directos sobre la vida cotidiana de la población civil.

Juan Joya