Galán rechaza petición del Pacto Histórico y defiende proceso judicial contra capturados por vandalismo en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió con firmeza a las críticas y a la carta firmada por 31 congresistas del Pacto Histórico, en la que se solicitaba la liberación de 11 personas capturadas por su presunta participación en actos vandálicos y violentos en la capital.

La petición de los legisladores, publicada recientemente, solicitó garantías procesales y la libertad de los detenidos, quienes han sido señalados por autoridades judiciales y de Policía de participar en una serie de ataques a la infraestructura pública y al sistema de transporte masivo de la ciudad.

Sin embargo, Galán descartó cualquier posibilidad de que la administración distrital intervenga en un proceso judicial que, según explicó, está bajo la competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República. “No es una facultad de este Distrito ordenar la liberación de personas capturadas; eso compete a la justicia”, afirmó el mandatario local.

El alcalde defendió además la investigación adelantada por las autoridades y respaldada por decisiones judiciales. Según Galán, el caso ha sido objeto de un proceso “metódico, juicioso y riguroso”, que se ha extendido por más de dos años, con órdenes judiciales de captura, legalizaciones y medidas de aseguramiento avaladas por jueces.

Galán fue enfático al señalar que los hechos imputados a los capturados, a quienes las autoridades han vinculado con acciones de vandalismo, terrorismo urbano y daños a bienes públicos, no forman parte de legítimas manifestaciones sociales. “Eso no tiene absolutamente nada que ver con protesta”, dijo, calificando los hechos como violencia y terrorismo que ponen en riesgo a la ciudadanía.

El pronunciamiento del alcalde se da en medio de un clima político polarizado, en el cual diferentes sectores han debatido sobre el manejo de las protestas, la seguridad ciudadana y las competencias de cada entidad del Estado para intervenir en temas de orden público.

El caso ha despertado además otras reacciones en el escenario público, pues para algunos analistas y sectores académicos, la defensa de los congresistas en favor de los detenidos ha generado cuestionamientos sobre el rol de las fuerzas del orden y la delgada frontera entre protesta social y criminalidad.

Cabe recordar que las 11 personas cuya liberación pedían los congresistas habrían sido vinculadas con la estructura conocida como “PPP” (Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo), señalada por la Fiscalía y la Policía de participar en múltiples hechos vandálicos en Bogotá. Las investigaciones, según las autoridades, apuntan a un grupo con sofisticación operativa, que habría cometido ataques con artefactos incendiarios y otros actos violentos en espacios urbanos.

Además, el alcalde Galán ha dado indicios de que esta organización habría recibido financiamiento de grupos armados ilegales con presencia nacional, investigación que sigue su curso ante las autoridades competentes.

Paola Martínez Burgos