Galán rechaza decisión de culminar contrato con Copasa: “Vamos a proteger la salud de los bogotanos”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de ponerle fin de manera unilateral el contrato con Copasa, que tenía como objetivo la renovación del Hospital San Juan de Dios.

El presidente Gustavo Petro informó por medio de su red social X, que fue liquidado el contrato “entre Copasa y la red hospitalaria centro/oriente de Bogotá que pretendía dinamitar la torre central del hospital San Juan de Dios. Por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”.

Ante esta decisión, Galán compartió un video por el mismo medio, argumentando que esta medida, que fue tomada por el agente interventor de la Subred Centro Oriente, pone en riesgo la salud de los bogotanos.

“Quiero ser muy claro, esta decisión no protege la salud de los bogotanos. Al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud, la estabilidad del Sistema Distrital de Salud, e impide la recuperación del Hospital San Juan de Dios, ordenada en varias sentencias en los últimos años”, expresó.

Agregó que también es de preocupación el riesgo que representa esta resolución para el patrimonio de la capital colombiana, debido a que hoy en día hay dos tribunales de arbitramento sobre el contrato, que están direccionados a defender los intereses de la ciudad y de toda Colombia, “cuya estrategia se ve gravemente afectada con la terminación unilateral”. Estos procesos, en conjunto, tienen pretensiones que ascienden a más de 100.000 millones de pesos”, añadió.

En este sentido, el mandatario de los bogotanos solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General, que revisen si la decisión respeta la moralidad administrativa y protege el patrimonio público. Asimismo, destacó que desde la Alcaldía se ha venido trabajando para garantizar el funcionamiento del hospital.

“Desde 2017, la Alcaldía ha adoptado medidas para recuperar el San Juan de Dios, conforme a las especificaciones técnicas y culturales exigidas por la ley. Nuestro propósito es garantizar que este hospital funcione y preste sus servicios a toda la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del agente interventor nos aleja de ese objetivo y pone en riesgo el patrimonio público. Por ello, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que quienes afecten negativamente el patrimonio de Bogotá respondan ante la ley por sus decisiones”, concluyó.

Dayineth Molina Velásquez