Fuerza Pública enfrenta riesgo fiscal por pensiones: Contraloría pide reformas urgentes

La Contraloría General de la República presentó este jueves 13 de noviembre los resultados de un estudio sectorial sobre los regímenes exceptuados y especiales de pensiones de la Fuerza Pública entre 2008 y 2023, con el análisis de más de 200 millones de registros. El informe revela una creciente presión fiscal debido al alto costo de las pensiones, que en 2023 superó los $11,68 billones, equivalentes al 0,71 % del PIB nacional.

En el comunicado escrito explicaron que de acuerdo con las proyecciones actuariales, el pasivo pensional alcanzaría entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía Nacional. En ese sentido, la entidad señaló que este panorama representa un riesgo macroeconómico que amenaza la sostenibilidad fiscal del país, pues el pasivo pensional tiene una alta sensibilidad frente a variaciones en la inflación y las tasas de descuento.

“El nivel de vulnerabilidad fiscal aumenta conforme el sistema no se ajusta a las condiciones demográficas y económicas del país”, se lee en el texto, e insistió en la necesidad de reformas graduales que equilibren la protección de los derechos adquiridos con la responsabilidad del Estado. El estudio también destaca avances en la consolidación y estandarización de las bases de datos, permitiendo una mayor claridad en la estructura de los regímenes pensionales. Sin embargo, advierte que aún existen inconsistencias históricas y riesgos estructurales que comprometen la sostenibilidad del sistema. “Persisten errores en los registros y en la homologación de grados, lo que afecta la calidad de la información y dificulta la trazabilidad de las prestaciones”, agregaron.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que entre 2008 y 2023 las Fuerzas Militares experimentaron una disminución en su personal activo, pasando de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras los retirados aumentaron hasta representar el 12,8 % del total. Esta tendencia, según el ente de control, refleja un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral y una transformación en las políticas de incorporación, asociadas también a los cambios del conflicto armado en Colombia. La participación femenina, aunque aún baja (3,4 %), mostró una tendencia al alza.

Además, expusieron que en materia financiera, la nómina de las Fuerzas Militares ajustada a valor presente pasó de $5,31 a $7,59 billones, aunque su peso en el PIB bajó del 0,50 % al 0,42 %, lo que refleja una mayor eficiencia relativa del gasto. No obstante, el costo anual promedio por militar ascendió a $47,9 millones en 2023, con una concentración del gasto en oficiales y suboficiales. También se observó una reducción del salario básico frente al aumento de primas por antigüedad y carga familiar, lo que evidencia la importancia de la permanencia en el servicio.

“Asimismo, el número total de beneficiarios del sistema exceptuado (asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia) aumentó de manera sostenida, pasando de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el incremento en las asignaciones de retiro, que representaron el 71,7% del total en 2023”, agregaron.

Como parte de sus recomendaciones, la Contraloría propone modernizar los sistemas de información institucional, mejorar los procesos de registro y establecer una política de datos interoperables para garantizar decisiones basadas en evidencia. Además, sugiere diversificar las fuentes de financiamiento mediante mayores aportes de los miembros activos, la creación de fondos de reserva y la utilización de recursos extraordinarios, como bienes incautados. “Es urgente implementar reformas que aseguren la sostenibilidad del régimen sin afectar los derechos adquiridos”, enfatizó la entidad.

Finalmente, el organismo de control reafirmó su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos, e hizo un llamado a las autoridades a convertir estas recomendaciones en políticas de Estado. “Se trata de garantizar la viabilidad del sistema pensional de la Fuerza Pública en coherencia con los principios de justicia y sostenibilidad social”, concluyó el comunicado.

Dayineth Isabel Molina Velásquez