Fuero político: ¿Salida de Roa a un ministerio evitaría sus procesos judiciales?

La gestión de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol ha pasado de ser una administración técnica a convertirse en un foco de controversia política y judicial. Lo que inicialmente se mostró como una dirección estratégica para la mayor empresa estatal de Colombia, hoy está marcada por investigaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, contratos cuestionables y una crisis interna en la junta directiva de la compañía.

Uno de los principales cuestionamientos proviene de la Procuraduría General de la Nación, que en un informe de 80 páginas dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) recomendó sanciones contra Roa y otros miembros del equipo financiero de campaña. Según el ente de control, se habrían superado los topes electorales permitidos por ley, lo que podría derivar en sanciones administrativas y políticas. La Procuraduría sostiene que en al menos dos de los nueve cargos evaluados, Roa tendría responsabilidad directa, lo que ha generado presión sobre su continuidad en Ecopetrol.

Otro aspecto que ha generado cuestionamientos públicos es la firma de un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, supuestamente para evaluar el impacto reputacional de Roa en Estados Unidos. Sin embargo, este contrato también permitió la retención de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la junta directiva y jefes de filiales de Ecopetrol como Cenit y Hocol. La revelación de este acuerdo ha desatado una crisis interna en la empresa, con renuncias de miembros de la junta y acusaciones de espionaje.

Es el caso de la abogada Mónica de Greiff, miembro de la junta directiva, quien presentó su renuncia irrevocable tras este escándalo, asegurando que nunca aprobó la modificación del contrato con Covington & Burling LLP. Su salida ha sido interpretada como una señal de descontento dentro de la compañía y ha aumentado la presión sobre Roa. El presidente de la junta, Guillermo García Realpe, calificó la modificación del contrato como un acto “grave y abusivo”, denunciando que el otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024 no fue autorizado formalmente en pleno por el cuerpo directivo.

En medio de esta crisis, el Gobierno evalúa la posibilidad de trasladar a Roa al Ministerio de Minas y Energía, en reemplazo de Edwin Palma, quien asumiría la presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, este movimiento enfrenta obstáculos legales, ya que Palma podría estar inhabilitado para asumir el cargo debido a su reciente rol como ministro. Es la Ley 1952 de 2019 la que establece que debe haber un mínimo de un año de separación entre ambos roles, lo que podría frenar la operación política que se fragua en Casa de Nariño.

Si Roa llega al Gobierno, sus procesos judiciales cambiarían de jurisdicción y pasarían de la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero especial que tienen los altos funcionarios del Ejecutivo. Este cambio podría afectar el curso de las investigaciones, retrasar procesos judiciales y generar un nuevo debate sobre el uso del fuero para evitar sanciones. La Procuraduría ha advertido que el traslado de Roa al Gobierno podría ser una estrategia para diluir las investigaciones en su contra.

El presidente Gustavo Petro ha intentado contener el impacto político del caso, afirmando en una reunión con miembros de la junta directiva de Ecopetrol que el contrato con Covington & Burling LLP “no existía”, a pesar de que documentos internos de la empresa confirman su firma y ejecución parcial. Con esta declaración se han generado aún más dudas sobre el manejo del escándalo y ha alimentado las tensiones dentro del Gobierno.

El desenlace de estas investigaciones sigue siendo incierto, pero la presión sobre Roa aumenta, con sectores políticos y económicos exigiendo mayor transparencia en la gestión de Ecopetrol y una revisión profunda de las decisiones tomadas bajo su presidencia. La eventual crisis interna de la empresa y las incertidumbres sobre el futuro de su presidente han generado preocupación entre inversionistas y expertos del sector energético, quienes exigen respuestas concretas sobre las denuncias que involucran a Roa.

Juan Joya