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7 octubre, 2025La Fiscalía General de la Nación ofreció un histórico acto de reconocimiento y solicitó perdón público por la injusta condena de 41 años impuesta a Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del CTI que permaneció más de diez años en prisión por un crimen que no cometió. La fiscal general Luz Adriana Camargo asumió la responsabilidad internacional del Estado colombiano en este caso que data de 1995.
“Expresamos nuestras más sinceras disculpas y reiteramos con total claridad que usted siempre fue inocente”, afirmó la fiscal Camargo durante el acto de reparación. La máxima autoridad judicial reconoció “la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de sus derechos a la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El caso se reabrió tras una petición de la CIDH y la aparición de nuevas pruebas que demostraron la inocencia de Sastoque. La investigación reveló que al momento del asesinato de Hernando Pizarro Leongómez en 1995, Sastoque se encontraba comprando zapatos en el barrio Restrepo de Bogotá, según múltiples testimonios que fueron ignorados en el proceso original.
El reconocimiento de responsabilidad ocurre luego de comprobarse que el crimen fue ejecutado por las FARC-EP y no por agentes del Estado. La nueva evidencia estableció que Hernando Pizarro Leongómez, hermano del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, fue asesinado por un comando de las FARC bajo órdenes presuntamente del ‘Mono Jojoy’.
Sastoque, visiblemente conmovido, responsabilizó a la justicia por la muerte de su madre durante su injusto encarcelamiento. Entre lágrimas, el exfuncionario declaró: “Mientras yo moría en vida, entre rejas, lejos de mi familia, de mi madre, el sistema judicial colombiano también asesinó a mi madre. Ella murió por culpa de la justicia”.
César Palomino Cortés, director de la Agencia Jurídica del Estado de Derecho, calificó la condena como “una construcción de lo más absurdo de la justicia”. Durante el acto, Palomino afirmó que “no solo arrebató su libertad sino que le robó lo más íntimo de su ser, su buen nombre, su reputación y su honra”.
Este caso representa uno de los reconocimientos de error judicial más significativos en la historia reciente de Colombia, donde un funcionario del mismo sistema judicial fue víctima de graves fallas procesales que le costaron una década de libertad y el fallecimiento de su madre durante su injusto encarcelamiento.
Humberto ‘Toto’ Torres




