Esto por las muertes que dejaron la represión a las manifestaciones registradas entre 2022 y 2023.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de ese país por el delito de homicidio, al acusarla de ser responsable de la represión a las manifestaciones por su llegada al poder en 2022, que dejaron 44 muertos y más de un centenar de heridos.
“Hoy se presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de Dina Ercilia Boluarte Zegarra y otros como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”, anunció la fiscalía en un comunicado publicado en X.
En compañía de altos funcionarios de su Gobierno, Boluarte es señalada de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud bajo la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, con dolo eventual y en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Esta denuncia, se entregó en esta mañana al parlamento, y se consolida como | el paso previo a un antejuicio político, que debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella concluya su mandato, en 2026.
En el parlamento peruano, controlado por bancadas de derecha afines a la mandataria, la denuncia tendrá que ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el pleno en un trámite sin plazo determinado.
Boluarte, quien asumió el poder el pasado 7 de diciembre de 2022 tras la destitución y arresto del entonces presidente, Pedro Castillo, solo puede ser llevada a juicio cuando termine su mandato. Es decir, en julio de 2026, según fija la constitución de ese país.
JUAN JOYA