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Un hotel, un centro comercial y dos discotecas fueron ocupados por orden del Tribunal Superior de Bogotá; la decisión es de primera instancia
La Fiscalía General de la Nación ocupó cuatro bienes que, según la investigación, harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, y que estarían relacionados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los inmuebles, avaluados en más de $45.467 millones, quedaron cobijados con medidas cautelares decretadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Las medidas afectan un hotel, un centro comercial y dos discotecas, ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). En cumplimiento de la orden judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación y el registro de las propiedades, las cuales serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas en los próximos días.
La Fiscalía señala un presunto entramado para ocultar bienes del Bloque Tolima
De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría recurrido a terceras personas para mover recursos e invertir en bienes inmuebles, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero e impedir que esos activos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
La Fiscalía sostiene que, tras varias diligencias investigativas, los bienes ocupados harían parte de ese presunto entramado financiero relacionado con la estructura paramilitar.
Análisis financieros y peritajes permitieron rastrear los activos
Para respaldar la solicitud de las medidas cautelares, el ente acusador adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actuaciones.
Según la Fiscalía, estas labores permitieron reconstruir la trazabilidad de los bienes y establecer su presunta relación con recursos administrados por el extinto Bloque Tolima de las AUC, razón por la cual solicitó las medidas cautelares ante la jurisdicción de Justicia y Paz.
Los bienes podrían destinarse a la reparación de las víctimas
Con la ocupación material de los inmuebles, la Fiscalía busca preservar los activos mientras avanza el proceso judicial. Si las decisiones posteriores confirman la procedencia de las medidas, los bienes podrán ser incorporados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de contribuir a la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto armado.
La decisión aún puede ser apelada
La Fiscalía aclaró que las medidas cautelares fueron adoptadas en primera instancia, por lo que las partes involucradas pueden interponer los recursos previstos por la ley.
En consecuencia, el proceso judicial continúa su curso y será la jurisdicción de Justicia y Paz la encargada de definir, una vez se resuelvan los recursos correspondientes, el futuro jurídico de los bienes ocupados y las conclusiones sobre su presunto origen.
Sala Digital Colmundo
