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La Fiscalía General de la Nación confirmó que se encuentran en marcha negociaciones para un posible preacuerdo en el proceso penal por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido en octubre de 2025 en el barrio Chapinero de Bogotá. Si el acuerdo prospera, la pena podría ser de unos 16 años de cárcel para los principales implicados.
El caso, que ha mantenido la atención pública desde su ocurrencia, tomó un nuevo giro durante una audiencia en la que la fiscal asignada informó ante el juzgado que se adelantan acercamientos formales con las defensas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados inicialmente por homicidio agravado por los hechos que costaron la vida al universitario.
La audiencia de acusación fue suspendida para permitir que las partes exploren la posibilidad de un preacuerdo, una figura jurídica que podría terminar anticipadamente el proceso sin llegar a juicio. Según lo expuesto en la diligencia, la idea es que los acusados acepten cargos como cómplices, lo que conllevaría una reducción significativa de la pena.
La propuesta bajo análisis contempla una condena de 200 meses de prisión, equivalentes a unos 16 años, frente a los 400 a 600 meses (33 a 50 años) que establece el marco penal para el homicidio agravado, según la calificación inicial del delito.
La defensa de los implicados busca que no se les juzgue como autores directos, sino como cómplices, lo que permitiría aplicar penalidades menores. Francisco Bernate, abogado que representa a la familia de la víctima, explicó que esta estrategia busca una rebaja de hasta el 50 % de la pena, y aunque la familia no se opone a un posible preacuerdo, solicita que sea el juez quien determine la pena final, asegurando que sea proporcional a la gravedad del hecho.
Los antecedentes del caso detallan que la agresión contra Moreno ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras la salida de una fiesta de disfraces realizada con motivo de Halloween. Videos de cámaras de seguridad, considerados prueba clave por la Fiscalía, muestran cómo el joven fue abordado por los acusados y recibió golpes repetidos que le causaron lesiones mortales.
Además de Suárez Ortiz y González Castro, en el proceso figura Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, señalada por el ente acusador como presunta determinadora del ataque. Las autoridades colombianas emitieron una circular roja de Interpol para localizarla, ante la posibilidad de que haya salido del país.
Paola Andrea Martínez Burgos
