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La Fiscalía General de la Nación decidió no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, máximo líder de esa estructura criminal y quien además enfrenta una solicitud de extradición hacia Estados Unidos. La determinación representa un nuevo capítulo dentro de las conversaciones sociojurídicas que adelanta el Gobierno con ese grupo armado ilegal.
La decisión quedó consignada en una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien condicionó cualquier eventual beneficio judicial al cumplimiento de varios compromisos por parte de la organización criminal.
Fiscalía exige cese de actividades ilegales para evaluar suspensión
Según se conoció, la Fiscalía dejó claro que las órdenes de captura continuarán vigentes mientras no existan garantías reales de cumplimiento por parte del Clan del Golfo.
Entre las condiciones impuestas por el ente investigador están el cese de acciones que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores reclutados y el abandono definitivo de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial.
La medida se produce en medio del proceso de “conversación sociojurídica” impulsado por el Gobierno nacional con la estructura armada, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Gobierno Petro había solicitado suspender las capturas
El Gobierno de Gustavo Petro había expedido en abril de 2026 una resolución mediante la cual oficializó la solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra los 29 integrantes del Clan del Golfo, con el objetivo de facilitar el avance de las conversaciones.
Dentro de los beneficiados aparecía alias “Chiquito Malo”, quien asumió el liderazgo de la organización tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, antiguo jefe máximo del grupo criminal.
La resolución también incluía a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, entre otros integrantes señalados de pertenecer a la cúpula de la organización ilegal.
Gobierno buscaba suspender incluso órdenes con fines de extradición
Uno de los puntos que más llamó la atención del documento expedido por el Ejecutivo fue que contemplaba incluso la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición.
La intención del Gobierno era permitir el traslado de los integrantes del Clan del Golfo hacia Zonas de Ubicación Temporal, definidas en los municipios de Tierralta y Belén de Bajirá.
De acuerdo con el plan planteado por el Ejecutivo, el desplazamiento de los miembros de la estructura criminal comenzaría de manera gradual desde el próximo 25 de junio, como parte del proceso de acercamientos y sometimiento.
Órdenes de captura siguen activas mientras avanza el proceso
Sin embargo, con la nueva decisión de la Fiscalía, las órdenes de captura continúan activas y no habrá suspensión automática mientras no se verifique el cumplimiento de las exigencias establecidas por el ente acusador.
La medida deja en evidencia las tensiones jurídicas y políticas alrededor de las negociaciones con grupos armados ilegales en Colombia, especialmente en medio de la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno Petro.
Por ahora, la Fiscalía mantiene la postura de que cualquier beneficio judicial debe estar condicionado a hechos verificables y compromisos concretos por parte del Clan del Golfo, particularmente frente al respeto por los derechos humanos y el abandono de economías criminales.
Sala Digital Colmundo
