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La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, valorado en 32,4 millones de dólares. La investigación sostiene que el exfuncionario habría favorecido a una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos para ejecutar el convenio.
De acuerdo con el ente acusador, Suárez Soto es el exfuncionario de más alto nivel del Gobierno vinculado hasta ahora a este proceso, en el que también aparecen empresarios y otros exservidores públicos señalados de integrar un presunto entramado para direccionar el millonario contrato.
La Fiscalía habla de un presunto “acuerdo criminal”
Durante las audiencias de imputación contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, el fiscal José Ignacio Arias Ciro aseguró que existió un presunto “acuerdo criminal” entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa para favorecer la adjudicación del contrato.
Según la investigación, los contactos entre los involucrados comenzaron en septiembre de 2024, cuando presuntamente se iniciaron reuniones para estructurar el proceso contractual y flexibilizar las condiciones exigidas a la empresa estadounidense Vertol Systems Company.
Empresa beneficiada no habría cumplido los requisitos
La Fiscalía sostiene que Vertol Systems Company no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera requeridas para asumir el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17.
Pese a ello, Luis Edmundo Suárez habría participado en reuniones de estructuración para modificar las exigencias del proceso y mantener comunicación directa con los contratistas, además de intervenir en decisiones relacionadas con la adjudicación y ejecución del convenio.
El expediente también señala que por el despacho del entonces viceministro pasaron informes técnicos y jurídicos que advertían sobre los incumplimientos de la empresa, pero, presuntamente, esas alertas fueron ignoradas.
Anticipo millonario está en el centro de la investigación
Uno de los principales hallazgos del proceso tiene relación con el desembolso anticipado de 16,23 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor del contrato, realizado en abril de 2025.
Según la Fiscalía, cuando se autorizó ese pago la ejecución del contrato apenas alcanzaba cerca de 2,6 millones de dólares, situación que posteriormente llevó al Ministerio de Defensa a declarar el incumplimiento del convenio.
Más de 13 millones de dólares continúan pendientes de reintegro, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el manejo de esos recursos públicos.
Exviceministro enfrentará ocho delitos
La Fiscalía imputó a Luis Edmundo Suárez Soto los delitos de:
- Falsedad ideológica en documento público.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
- Prevaricato por acción.
- Abuso de función pública.
- Peculado por apropiación.
- Tráfico de influencias de servidor público.
- Fraude procesal.
El exfuncionario no aceptó los cargos durante la diligencia judicial.
También fueron judicializados empresarios y exfuncionarios
La investigación también involucra a James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company; Carlos Martín Uribe, representante de MI-Series Personnel & Parts, y Herbert Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la Fiscalía, Buitrago habría coordinado el intercambio de información entre funcionarios y empresarios, servido como traductor en las comunicaciones con Vertol y participado en la estructuración económica del contrato.
Por su parte, Uribe y Montgomerie enfrentan imputaciones por varios delitos relacionados con la contratación estatal, entre ellos falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación, tráfico de influencias y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó los cargos.
El caso ya suma siete procesados
Las investigaciones comenzaron a finales de 2025 con la captura de Hugo Mora Tamayo, Diego Manrique Cabezas y el coronel Julián Rincón, quienes también fueron judicializados por su presunta participación en el direccionamiento del contrato.
La Fiscalía sostiene que todos harían parte de un presunto entramado de corrupción que manipuló el proceso contractual entre septiembre y octubre de 2024, favoreciendo a Vertol Systems Company mediante modificaciones en los estudios técnicos, financieros y jurídicos.
La Procuraduría y la Contraloría también investigan
El caso del mantenimiento de los helicópteros MI-17 continúa bajo la lupa de los organismos de control. La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria para establecer posibles omisiones de funcionarios civiles y militares durante la adjudicación y supervisión del contrato.
Entretanto, la Contraloría General advirtió el riesgo de un posible detrimento patrimonial, debido a las dificultades para recuperar el anticipo entregado al contratista.
Según el Ministerio de Defensa, el contrato presentó múltiples incumplimientos técnicos y administrativos, lo que derivó en una multa cercana a 8,9 millones de dólares contra Vertol Systems Company. Actualmente, la mitad de la flota de helicópteros MI-17 permanece fuera de operación, mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades penales y administrativas en este caso.
Sala Digital Colmundo
