Fiscalía judicializa a exfuncionario del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en contrato de US$32 millones para helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exfuncionario del Ministerio de Defensa y a dos particulares por su presunta participación en un proceso contractual relacionado con el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuyo valor ascendió a cerca de US$32 millones. La investigación apunta a un posible direccionamiento de la contratación para favorecer a una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos.

Contrato millonario habría sido adjudicado a empresa sin capacidad para ejecutarlo

De acuerdo con las indagaciones del ente acusador, el contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 y habría sido entregado a una compañía que no acreditaba las condiciones técnicas, jurídicas, financieras ni la experiencia requerida para asumir las labores de mantenimiento de las aeronaves militares.

Por estos hechos fueron judicializados Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, quienes, según la Fiscalía, habrían intervenido en diferentes etapas del proceso contractual.

Fiscalía investiga posible direccionamiento de la contratación

Las pesquisas, lideradas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, señalan que entre septiembre y diciembre de 2024 se habrían realizado actuaciones encaminadas a beneficiar a la empresa representada por Montgomerie.

Según el organismo investigador, para lograr la adjudicación se habrían realizado modificaciones en las condiciones del contrato y se habría utilizado una modalidad de contratación que presuntamente no correspondía a las características del proceso. Estas decisiones habrían facilitado que la empresa favorecida obtuviera el contrato pese a las advertencias existentes sobre su falta de idoneidad.

Exfuncionario habría tenido un papel clave en la estructuración del proceso

La Fiscalía sostiene que Herbert Arnulfo Buitrago Galán habría coordinado acciones para favorecer al contratista, incluyendo el intercambio de información con los particulares involucrados y la intermediación en comunicaciones con el empresario extranjero.

Además, las investigaciones indican que el exfuncionario habría aportado una cotización cercana a US$36 millones, documento que habría servido como referencia durante la estructuración contractual. El ente acusador también asegura que conocía informes técnicos que advertían que la empresa seleccionada no cumplía con los requisitos mínimos para ejecutar el proyecto.

Anticipo de más de US$16 millones está bajo la lupa

Otro de los aspectos que centra la investigación es la modificación en las condiciones de pago del contrato. Según la Fiscalía, Carlos Martín Uribe Forero habría participado en los cambios que permitieron aprobar un anticipo equivalente al 50 % del valor total del contrato.

Como consecuencia de esa modificación, el 15 de abril de 2025 se desembolsaron US$16.231.700, aunque, de acuerdo con las verificaciones realizadas, el contratista únicamente habría ejecutado actividades valoradas en aproximadamente US$2,6 millones.

Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato

La investigación también recuerda que en noviembre de 2025 el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento contractual, al evidenciar que no se ejecutaron las labores de mantenimiento previstas para los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

Este incumplimiento generó preocupación debido a la importancia estratégica de estas aeronaves para diversas operaciones militares y logísticas en diferentes regiones del país.

Los delitos imputados por la Fiscalía

Por estos hechos, Herbert Arnulfo Buitrago Galán fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por su parte, Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie deberán responder, según su presunta participación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los tres procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que el proceso judicial continuará en las próximas etapas ante los tribunales competentes.

Sala Digital Colmundo