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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer si existió responsabilidad penal o administrativa de Nueva EPS en la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia. El caso ha generado conmoción nacional y reavivó el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades raras en el país.
Un fiscal de la Unidad de Vida asumió la recolección de pruebas y documentación clave. El ente acusador analiza la historia clínica, los registros de entrega de medicamentos, las condiciones médicas del menor y el informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de determinar si hubo o no conducta punible.
La indagación se produce en medio de la controversia pública, luego de que se conociera que desde el 14 de diciembre el menor no habría recibido el medicamento requerido para el control de su enfermedad, según reconoció la propia EPS en un comunicado emitido el martes 17 de febrero.
El caso fue priorizado por tratarse de un menor de edad y por involucrar una enfermedad catalogada como rara, lo que activa la especial protección que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 44 a favor de los niños y niñas.
La versión de Nueva EPS
En un informe técnico integral, Nueva EPS aseguró que el menor estaba bajo tratamiento profiláctico mensual con aplicación de factor VIII cada 28 días, esquema que —según la entidad— se mantuvo de manera continua entre octubre de 2019 y diciembre de 2025, sin interrupciones.
De acuerdo con ese reporte, la última dosis fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, por lo que el siguiente suministro debía realizarse durante el ciclo correspondiente a enero de 2026. La EPS sostiene que el tratamiento preventivo se venía administrando conforme al protocolo médico establecido para pacientes con hemofilia.
Frente al proceso de portabilidad solicitado por la madre —quien trasladó su residencia de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander)—, la entidad indicó que adelantó gestiones para garantizar la continuidad del tratamiento. No obstante, reconoció que el cambio de municipio ocasionó un retraso en la aplicación del medicamento correspondiente al ciclo mensual.
Hospitalización y causa de muerte
Sobre los hechos que desencadenaron la hospitalización, la EPS informó que el niño ingresó el 8 de febrero de 2026 a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito tras sufrir un trauma craneoencefálico producto de una caída desde un muro de aproximadamente metro y medio de altura mientras montaba bicicleta.
El reporte médico señala que el menor presentó hematoma epidural, fracturas y un edema cerebral severo, lo que obligó a su traslado en ambulancia aérea al Hospital La Misericordia de Bogotá. Allí recibió atención en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico con intervención de distintas especialidades médicas.
En su conclusión preliminar, la EPS indicó que el fallecimiento fue consecuencia de un trauma craneoencefálico severo y precisó que permanece a la espera del dictamen oficial de necropsia médico-legal.
Sin embargo, la familia del menor ha denunciado presunta negligencia tanto en la atención como en la entrega oportuna del medicamento para la hemofilia, lo que ha generado una fuerte controversia nacional y un llamado a revisar los protocolos de atención para pacientes con enfermedades de alto costo.
La investigación de la Fiscalía será determinante para establecer si existieron fallas atribuibles a la entidad prestadora de salud o si la muerte obedeció exclusivamente a las lesiones derivadas del accidente.
