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La Fiscalía abrió una nueva grieta en la ya tensionada relación entre el Ministerio de Defensa y los organismos de control. Una fiscalía especializada impartió órdenes inmediatas para la práctica de pruebas en el proceso penal que busca establecer si hubo omisiones o extralimitación de las Fuerzas Militares en la planeación y ejecución de los operativos en los que murieron 15 menores de edad durante bombardeos contra las disidencias de las Farc.
La Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitó a la Justicia Penal Militar la remisión de copias completas de los expedientes de inteligencia relacionados con los operativos, mientras el país sigue exigiendo claridad sobre lo ocurrido en zonas apartadas donde el Estado suele llegar tarde, excepto para hacer la guerra.
Así mismo, la Fiscalía pidió la entrega de los informes de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyos peritajes confirmaron que, desde el inicio de las operaciones militares del 24 de agosto de 2025 —ordenadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro contra estructuras de alias Iván Mordisco—, fueron identificados 15 menores de edad entre los cuerpos de disidentes muertos. El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, detalló que el reporte técnico fue consolidado tras los análisis forenses de cuatro operativos en Amazonas, Arauca y Guaviare.
“Desde el inicio de las operaciones militares el 24 de agosto del año 2025… el instituto recibió 8 cuerpos, siete identificados plenamente y uno sin identificar, entre ellos tres menores de edad”, explicó Cortés, al precisar que estos primeros cadáveres llegaron desde la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare).
En otro operativo, ejecutado el 1.° de octubre en Puerto Santander (Amazonas), Medicina Legal recibió el 7 de octubre cuatro cuerpos, todos menores de edad y plenamente identificados. La crudeza del dato reflotó el debate sobre la proporcionalidad de las acciones ofensivas cuando existe la posibilidad de que haya niños involucrados.
La tercera operación bajo análisis ocurrió el 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare). El 12 de noviembre ingresaron 20 cuerpos: 16 plenamente identificados y cuatro sin identificar; entre ellos siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres. Una cifra que evidencia la presencia sistemática de niños en los campamentos de las disidencias.
“Finalmente, de la operación en la vereda La Esmeralda, en Puerto Rondón (Arauca)… ingresaron 8 cuerpos, entre ellos una menor de edad”, reportó Medicina Legal. Con este último operativo, la secuencia de hallazgos muestra un patrón continuo de adolescentes en medio de estructuras armadas que insisten en nutrir sus filas con menores reclutados.
Cinco investigaciones más: Procuraduría entra al tablero
Como si la presión institucional fuera insuficiente, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos abrió este martes cinco indagaciones disciplinarias para determinar si las operaciones militares del Gobierno Petro contra Iván Mordisco se ajustaron al Derecho Internacional Humanitario.
El despacho del procurador Néstor Osuna ordenó pruebas para establecer si las tropas tenían conocimiento previo sobre la presencia de menores en los campamentos atacados, un punto determinante para definir responsabilidades. También busca clarificar si la participación de estos adolescentes se enmarcaba o no en hostilidades, tal como lo exige la normativa internacional.
El organismo de control requirió al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares para determinar si se respetó el principio de precaución, que obliga a adoptar medidas para evitar daños a personas protegidas. Una directriz básica en conflictos armados que —según organismos humanitarios— no siempre se cumple con rigurosidad en operaciones de bombardeo.
El caso apenas comienza, pero las primeras decisiones muestran a una Fiscalía decidida a reconstruir minuto a minuto cómo se planeó y ejecutó cada ataque. Un paso que, además de determinar responsabilidades, pondrá a prueba el compromiso del Estado con la transparencia en escenarios donde la línea entre la legalidad y la vulneración de derechos suele difuminarse.
