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Luis Óscar Galves y otros tres funcionarios serán llamados a audiencia por la muerte del menor y la filtración de su historia clínica.
La Fiscalía imputará el delito de homicidio culposo a cuatro funcionarios vinculados a la Nueva EPS por la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia A severa y falleció después de enfrentar demoras en la entrega de su tratamiento. La audiencia quedó programada para el 24 de agosto en Paloquemao, Bogotá.
Entre los llamados a responder ante un juez está Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS cuando ocurrieron los hechos. También serán imputados Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La investigación busca establecer la responsabilidad de los cuatro funcionarios en las circunstancias que rodearon la muerte del niño y en la presunta filtración de su historia clínica, asunto que también será abordado durante la actuación judicial.
El menor estuvo semanas sin recibir su tratamiento
Kevin Acosta necesitaba medicamentos para controlar la hemofilia A severa que padecía. Según el relato entregado por su madre, Yudy Katerine Pico, el tratamiento dejó de llegar durante varias semanas, mientras se presentaban demoras en la atención especializada.
La mujer aseguró que la falta del medicamento aceleró el deterioro de la salud de su hijo. Durante ese periodo, el menor comenzó a presentar hematomas ante golpes que, en otras circunstancias, podían ser controlados mediante el tratamiento.
La Fiscalía llegó a sus conclusiones después de revisar documentos, contrastar pruebas y reconstruir las actuaciones relacionadas con la atención del menor. El proceso deberá determinar si las decisiones u omisiones de los funcionarios tuvieron relación directa con el desenlace.
También investigan la filtración de la historia clínica
El caso tiene una segunda arista. Los investigadores también atribuyen responsabilidades relacionadas con la divulgación de información médica del menor, por lo que los funcionarios deberán responder ante un juez de control de garantías por los hechos que rodearon la filtración.
La situación generó además una actuación contra el expresidente Gustavo Petro. La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que determine si existen razones para investigarlo por su presunta responsabilidad en los delitos relacionados con la violación agravada de datos personales y homicidio culposo, bajo la figura de garante.
Esta actuación tendrá un trámite diferente al proceso contra los funcionarios de la Nueva EPS y deberá avanzar ante la instancia correspondiente del Congreso.
La audiencia será el 24 de agosto
El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao programó la audiencia de imputación para el próximo lunes 24 de agosto. Allí la Fiscalía expondrá ante el juez los hechos y elementos que sustentan su decisión de llevar a los cuatro funcionarios ante la justicia.
La imputación no constituye una declaración de responsabilidad penal. Será durante el desarrollo del proceso que la Fiscalía deberá demostrar sus señalamientos y los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa.
La audiencia marcará un nuevo capítulo en un caso que puso bajo escrutinio la atención de pacientes con enfermedades que requieren medicamentos de suministro permanente. El proceso deberá establecer si las fallas denunciadas en la atención de Kevin Acosta tuvieron consecuencias penales y quiénes serían responsables de ellas.
Sala Digital Colmundo
