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La Fiscalía había advertido sobre los riesgos para los dos colaboradores del caso UNGRD y pidió mantenerlos en centros militares.
La Fiscalía pidió no trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla a cárceles por razones de seguridad antes de que ambos fueran llevados a La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre de 2026. La solicitud fue enviada el 16 de septiembre a la Dirección de Centros de Reclusión Militar y advertía sobre la condición de los dos exfuncionarios como colaboradores en las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.
La petición fue firmada por la fiscal María Cristina Patiño González, de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En la carta, la entidad sostuvo que los riesgos de seguridad estaban relacionados con las declaraciones que López y Pinilla entregan dentro de los procesos.
La Fiscalía también recordó que ambos tienen principios de oportunidad vigentes. Estos acuerdos contemplan compromisos de colaboración con la justicia y entrega de información sobre otras personas que estarían vinculadas a las investigaciones por el manejo irregular de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En el caso de Sneyder Pinilla, el principio de oportunidad fue legalizado el 20 de agosto de 2025 y prorrogado el 14 de agosto de 2026. El exsubdirector de la UNGRD se comprometió a declarar contra 23 personas ante jueces y la Corte Suprema de Justicia.
Olmedo López también tiene un principio de oportunidad, legalizado el 29 de agosto de 2025 y prorrogado el 27 de agosto de 2026. Al igual que Pinilla, se comprometió a entregar declaraciones contra 23 personas dentro de los procesos judiciales.
La Fiscalía recordó que desde el 31 de agosto de 2024 existían decisiones judiciales sobre las condiciones de reclusión de ambos. El Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías había dispuesto que Pinilla permaneciera en el Cantón Militar de Artillería y que López fuera recluido en el Cantón Militar Caldas.
Según la entidad, esas decisiones tuvieron en cuenta las condiciones particulares de seguridad de los dos colaboradores. Por eso, la Fiscalía pidió mantenerlos en los centros militares y evitar un traslado que pudiera aumentar los riesgos.
La solicitud no impidió que el Inpec trasladara a López y Pinilla a La Picota el 6 de octubre. Ese mismo día, el presidente Abelardo De La Espriella difundió imágenes del procedimiento y afirmó que había dado la orden. “Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios”, escribió el mandatario al defender la medida.
De La Espriella sostuvo que los recursos involucrados en el caso UNGRD estaban destinados a atender necesidades como agua, alimentación y asistencia a familias afectadas por emergencias. También afirmó que durante su Gobierno no habría “cárceles VIP” ni privilegios para personas privadas de la libertad.
El traslado provocó una reacción inmediata de las defensas. El abogado de Sneyder Pinilla pidió dejar sin efecto la decisión y recordó que existe una orden judicial que establece su permanencia en un centro de reclusión militar. También defendió la colaboración de su cliente con la justicia.
En el caso de Olmedo López, su abogado José Luis Moreno cuestionó el traslado y sostuvo que permanecer en un centro militar no constituía un privilegio, sino una medida de protección ordenada por un juez.
Moreno también advirtió sobre el riesgo que, según la defensa, podría enfrentar López en La Picota. El abogado señaló que allí podría coincidir con personas contra las que su representado ha declarado y aseguró que López ha recibido amenazas y habría enfrentado un intento de soborno por $13.000 millones para modificar su versión.
La defensa también mencionó presuntos seguimientos, pérdida de información y amenazas atribuidas a grupos armados ilegales. Moreno explicó que algunos detalles no podían hacerse públicos porque, según su valoración, divulgar esa información podría aumentar el riesgo para su representado.
López y Pinilla ocupan un lugar central en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Sus declaraciones buscan establecer responsabilidades de otras personas y, por eso, la discusión sobre sus condiciones de reclusión queda ligada tanto a las decisiones judiciales como a la seguridad de los colaboradores.
El traslado a La Picota abre ahora una nueva discusión jurídica y de seguridad. La defensa de los exfuncionarios podrá insistir en las decisiones que ordenaron su permanencia en centros militares, mientras las autoridades deberán responder si las nuevas condiciones de reclusión permiten garantizar su integridad y preservar su colaboración con las investigaciones.
Sala Digital Colmundo
