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En la operación se adelantó la extinción de dominio de bienes avaluados en más de 2.276 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación logró acceder a un abundante material de prueba que permitió identificar a los presuntos integrantes de dos redes señaladas de comercializar de manera ilegal juegos de suerte y azar y poner en evidencia el patrimonio que habrían consolidado con su actuar ilegal en Cesar y La Guajira.
La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales capturó a nueve personas que formarían parte de estas organizaciones. Las investigaciones apuntan a que estarían involucradas en la promoción, distribución y comercialización de rifas cuyos premios se otorgaban en efectivo. En el caso de ambas estructuras, tenían los mismos promotores y vendedores y se coordinaban para ejercer la actividad ilícita en sectores puntuales.
Los detenidos son: Omaira Villero Orozco, Maribeth Arzuaga Murgas, Carlos Augusto Mejía Oñate, Arquímedes de la Hoz Seoanes, Carmen Cecilia Rodríguez Murgas, Aristides Huertas Cárdenas, José Joaquín Páez Jiménez, Joaquín Mariano Romero Calvo y Nilva Cantillo Ramírez.
Omaira Villero Orozco sería la cabecilla de una de las redes que semanalmente jugaban por un premio de 20 millones de pesos. Las boletas eran distribuidas desde San Diego (Cesar) y tenían un costo de 5.000 pesos. Al parecer, la mujer era apoyada por Arzuaga Murgas, Mejía Oñate y De La Hoz Seoanes en la organización de las rifas, el contacto con promotores y conseguir fuentes de financiación.
El otro grupo vinculado, presuntamente, era articulado por José Francisco Barros Guerrero, alias Kiko. Este hombre es señalado de dirigir una rifa trimestral que entregaba 70 millones de pesos al ganador.
Para el ente acusador, las personas que habrían auspiciado estos sorteos omitieron la normatividad que regula los juegos de suerte y azar, ya que los organizaron sin los permisos de ley. De esta manera, fueron imputadas por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y concierto para delinquir. Los investigados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Paralelo al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio materializó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 12 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, establecimientos de comercio y vehículos que superan los 2.276 millones de pesos.
Juan Camilo Joya
