Fiscalía acusa ante la Corte Suprema a Carlos Ramón González por corrupción y lavado de activos

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán. El ente acusador le imputó los delitos de “cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos”, debido al presunto entramado de corrupción relacionado con recursos públicos.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2023, cuando González Merchán —quien permanece prófugo de la justicia en Nicaragua— “habría impartido instrucciones” al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez. El objetivo, según el comunicado, era pagar coimas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, con dineros de la contratación de la entidad.

Los elementos materiales probatorios indican que se ordenó la entrega de “3.000 millones de pesos con destino al congresista Name Vásquez”, recursos que habrían sido canalizados a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. En otro hecho, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, “trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos” destinados al representante Calle Aguas.

En ese sentido, la Fiscalía precisó que los recursos comprometidos provenían de un contrato para el suministro de “40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira”. Este contrato, destinado a atender una necesidad humanitaria, habría sido utilizado para desviar fondos públicos, lo que dio origen a la acusación formal presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

El acusado se presentó de manera virtual a la audiencia y la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila reconoció como presuntas víctimas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República, el Movimiento Indígena Nación Wayuú y la Comunidad Indígena Pororú – sector Murujuy.

En medio de la comparecencia, se presentó un rifirrafe luego de que, al cierre, cuando la magistrada Barreto Ardila le preguntó a González si había comprendido la acusación, él respondió asegurando que la acusación de la Fiscalía estaba cargada de absurdos, vacíos y falsedades. “Hay una serie de absurdos, de mentiras en esa acusación (…), yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida”, expresó.

Además, dijo que el escrito de 60 páginas representa una incriminación real basada en las confesiones de “unos señores” y que esto lo deja como el “autor intelectual”. En ese momento, la togada lo interrumpió para explicarle que este no es el momento procesal para hacer este tipo de manifestaciones. Ante esto, el señalado insistió en que “para mí no es una acusación clara porque está llena de vacíos y de falsedades”.

Dayineth Isabel Molina Velásquez