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Este martes 16 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación informó que radicó el escrito de acusación en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, así como en contra de un grupo de 12 funcionarios de su administración 2020-2023, quienes son señalados de modificar de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir el predio de Aguas Vivas.
Según el ente acusador, además del exmandatario paisa, son nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares quienes presuntamente participaron en una serie de actuaciones irregulares, que habrían tenido como objetivo restituir ilegalmente un lote de propiedad pública para favorecer intereses privados en la capital antioqueña.
Entre los exfuncionarios procesados figuran:
· Ingrid Vanessa González Montoya; exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.
· Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad.
· Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial.
· Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria General (e).
· Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación.
· Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y secretaria General (e).
· Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General.
· Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios.
· Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general de la Alcaldía de Medellín.
En la lista de acusados aparecen, además, tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez. De acuerdo con la investigación, ellos serían los tenedores del predio que resultó objeto de las presuntas maniobras ilegales, por ende, el ente indagador sostiene que tanto exfuncionarios como particulares habrían actuado en conjunto para alterar disposiciones urbanísticas y obtener beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos de Medellín.
El documento acusatorio indica que los 13 señalados deberán responder, según su grado de participación, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Estos tipos penales y, de confirmarse en juicio, implican graves sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer cargos públicos y posibles condenas privativas de la libertad.
Los hallazgos se dieron gracias a la labor de una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, la cual señala que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían adelantado una conciliación prejudicial con el propósito de transformar la cesión gratuita de un predio en una compraventa. Con esta maniobra se buscaba autorizar un pago superior a los 40.500 millones de pesos, cifra que corresponde al valor del lote en disputa.
Sin embargo, la Fiscalía manifiesta que “ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario general García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno”. Con ello, habrían buscado “entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”. Esta actuación, según la acusación, implicaría un claro favorecimiento a intereses privados en detrimento del patrimonio público.
Por lo anterior, el proceso ahora pasará a etapa de juicio, donde un juez deberá valorar las pruebas presentadas y determinar las responsabilidades individuales.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
