Fiscal General descarta solicitud de comisión investigativa en el caso Uribe Turbay

¿Esta postura fortalece o debilita el proceso?

La Fiscalía General de la Nación reafirmó su competencia en la investigación del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En su intervención, la cabeza del ente acusador, la fiscal Luz Adriana Camargo, afirmó que “tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los demás casos de su competencia”.

Asimismo, la funcionaria estableció que el hecho ocurrió “hace escasos cinco días” y que desde entonces ha recolectado “importante evidencia derivada de pruebas técnicas e información legalmente obtenida que, con certeza, conducirá a la judicialización de los partícipes”. Con este mensaje, la Fiscalía deja claro que considera que sus capacidades internas son suficientes para llevar adelante la investigación.

Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de permitir una comisión internacional con apoyo de Naciones Unidas, “Le solicito a la Fiscalía General de la Nación que permita lo que en su momento apoyó la actual fiscal (Luz Adriana Camargo) y por lo cual hoy es perseguida: una comisión de investigación judicial independiente, con respaldo de las Naciones Unidas, para que colabore en esclarecer el atentado no solo contra el senador Miguel Uribe, sino también los crímenes cometidos contra líderes sociales y políticos a lo largo de la historia colombiana”, afirmó el mandatario el pasado 11 de junio desde Cali.

La Fiscalía la rechazó de manera categórica. En el comunicado se lee que dicho mecanismo resultaba innecesario porque “la entidad realiza diariamente su tarea de manera rigurosa y no afronta los retos que llevaron a la conformación de una comisión internacional de las Naciones Unidas en Guatemala”. Según la Fiscalía, ese paralelo con la Cicig en Guatemala no aplica en el contexto colombiano, ya que considera que cuenta con estructuras investigativas robustas, independientes y efectivas.

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En lo concerniente a la coordinación inicial con otras entidades, la Fiscalía explicó que, tras el atentado, se instaló un Puesto de Mando Unificado en la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, por intervención del presidente —quien convocó a directores de la UNP y la DNI—, “la desnaturalización” de ese esquema llevó a que la Fiscalía decidiera que todas las reuniones de seguimiento “se realicen con quienes llevan a cabo las tareas en nuestras instalaciones y bajo nuestro control”, decisión que ya fue comunicada oficialmente al director de la Policía Nacional y al director de la DIJIN. Con ello, la Fiscalía intenta preservar su autonomía institucional.

El ente también hizo un llamado a evitar filtraciones y especulaciones que puedan entorpecer la investigación. “Se rechaza la filtración de elementos materiales probatorios y la divulgación de especulaciones e hipótesis apresuradas, que además de desinformar y crear confusión en la opinión pública, afectan la integridad de la investigación y obstruyen la acción de la justicia”. De este modo, la Fiscalía busca preservar la cadena de custodia de pruebas y el debido proceso, apelando a la responsabilidad de medios, actores sociales y ciudadanía.

En cuanto al desarrollo de la investigación, la Fiscalía explicó que ha imputado cargos formales a Carlos Eduardo Mora González, en calidad de coautor, por delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores. Señalan que “ese atentado ocurrió hace escasos cinco días y, a la fecha, se cuenta con importante evidencia”, esa evidencia ya sostiene esta imputación, dejando al descubierto la dirección técnica del proceso judicial.

A su vez, la Fiscalía también se refirió al audio mencionado por Petro en Cali, en el cual presuntamente estructuras narcotraficantes estarían conspirando contra el mandatario con la participación de un exfuncionario. Sobre esto afirmó: “lo recibido […] fue la información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en su contra, que involucraría a un exfuncionario de su administración, sin que sea del caso aportar más detalles por la reserva de la indagación”. La agencia calificó esta información como materia de una investigación separada, en estricto régimen de reserva legal.

Finalmente, la Fiscalía instó a la ciudadanía, medios de comunicación, instituciones del Estado y actores sociales a aportar pruebas o datos (en el marco de reserva legal) que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Al respecto, reiteró que “los ciudadanos pueden tener tranquilidad y confianza en el trabajo independiente, objetivo, decidido y constante del equipo especializado de fiscales, investigadores, analistas, peritos y profesionales del CTI”. Con ello, insiste en proyectar credibilidad institucional y compromiso con la justicia, así como mantener bajo su control pleno el proceso.

Juan Joya