Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones: presidente Petro cuestiona su imparcialidad

Mientras tanto, la defensa de Day Vásquez advirtió sobre riesgos de impunidad en el caso.

La fiscal Lucy Laborde, encargada de liderar la investigación contra el primogénito del presidente, Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, denunció presiones indebidas que, según ella, comprometen su independencia y la imparcialidad del proceso. En una carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vicefiscal Gilberto Guerrero, Laborde expuso una serie de hechos que, en su criterio, constituyen interferencias injustificadas por parte de altos funcionarios de la Fiscalía.

“Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación”, escribió Laborde, refiriéndose a reuniones convocadas por la Dirección contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción. En dichas reuniones, se le habría exigido información detallada sobre el caso sin previo aviso ni justificación formal. Además, denunció que Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora de Lavado de Activos, recibió directamente peticiones de la defensa de Nicolás Petro sin informar al despacho titular. “La fiscal titular no tuvo conocimiento de esta petición”, afirmó Laborde, lo que plantea dudas sobre la transparencia institucional.

La Fiscalía General respondió anunciando que desistía de la designación de una fiscal de apoyo, medida que había sido tomada días antes sin consulta con Laborde. Aunque la decisión buscaba desescalar la tensión, no resolvió el fondo del conflicto, que gira en torno a la autonomía de los fiscales frente a las direcciones administrativas del organismo. La controversia se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro intervino directamente en el caso.

Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente envió una carta a la Fiscalía General en la que cuestiona la actuación de Laborde. En el documento, Petro señala que la fiscal “no es autónoma, está subordinada” y denuncia filtraciones que, según él, han afectado el debido proceso. La carta plantea que la investigación contra su hijo ha sido objeto de presiones externas y que la fiscal encargada no ha garantizado imparcialidad.

La intervención del mandatario despierta reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una defensa legítima frente a posibles irregularidades, otros advierten sobre una posible interferencia del Ejecutivo en un proceso judicial en curso. La tensión entre poderes se agudiza en un contexto de alta sensibilidad institucional, donde la independencia de la Fiscalía es clave para la credibilidad del sistema judicial.

En paralelo, la defensa de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y testigo clave en el proceso, emitió un comunicado en el que expresa preocupación por las presuntas interferencias denunciadas por Laborde. “Hay riesgo de impunidad”, señalaron sus abogados, en alusión a los movimientos administrativos que, según ellos, podrían favorecer al acusado. La defensa también cuestionó la falta de garantías procesales y pidió que se respete la autonomía de la fiscal encargada.

El caso Nicolás Petro, que ya era uno de los más mediáticos del país, adquiere ahora una dimensión institucional y política. Las denuncias de presiones internas, la carta presidencial y las advertencias de la defensa suponen un escenario complejo que pone a prueba la independencia judicial y la credibilidad de las investigaciones en curso. En este sentido, la Fiscalía enfrenta el reto de garantizar transparencia, autonomía y rigor en un proceso que involucra al entorno más cercano del presidente de la República.

Juan Joya