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La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideró el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dejará la Fiscalía General de la Nación tras la terminación de su nombramiento provisional. La salida de la funcionaria fue confirmada por fuentes del ente acusador y se produce mientras el juicio contra el exdiputado del Atlántico continúa en etapa judicial.
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución No. 30000-03611, expedida el 6 de julio de 2026, en la que el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López, dio por finalizada la provisionalidad de varios funcionarios, entre ellos la fiscal Laborde. La medida hace parte de un proceso administrativo relacionado con el ingreso de funcionarios elegibles a la entidad.
El acto administrativo establece que se deben “dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados (…) de forma automática, a partir de la fecha de posesión de los elegibles”, conforme a lo dispuesto en la resolución. Asimismo, el documento de siete páginas señala que la decisión será comunicada por las dependencias competentes y precisa que contra esta determinación no procede ningún recurso, de acuerdo con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
¿Qué ocurre con el proceso contra Nicolás Petro?
La salida de la fiscal no modifica el estado procesal del caso, ya que el juicio contra Nicolás Petro Burgos permanece en etapa de juzgamiento y su desarrollo depende de las determinaciones del juez encargado, quien fija el calendario de las audiencias y resuelve las solicitudes de las partes.
Recientemente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía para imponer cinco días de arresto tanto a Nicolás Petro como a su abogado, Alejandro Carranza. Además, el despacho judicial ordenó compulsar copias contra la fiscal Lucy Marcela Laborde por presuntas irregularidades ocurridas durante una audiencia reservada.
Según la defensa de Nicolás Petro, el juez concluyó que no existían fundamentos suficientes para imponer la medida correccional solicitada por el ente acusador. La petición de arresto se sustentaba en que el exdiputado había participado de manera virtual en algunas diligencias y no asistió presencialmente a determinadas audiencias preparatorias del juicio.
El abogado Alejandro Carranza explicó que durante esa diligencia el despacho judicial también cuestionó la actuación de la fiscal al considerar improcedente la exhibición de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro dentro del proceso. Por esa razón, se ordenó la compulsa de copias con fines disciplinarios para que las autoridades competentes evalúen lo ocurrido.
La solicitud de arresto había sido presentada por la Fiscalía el 27 de abril, argumentando que Nicolás Petro había manifestado dificultades económicas para desplazarse hasta Barranquilla debido a las restricciones derivadas de su inclusión en la denominada Lista Clinton. Sin embargo, posteriormente se conocieron imágenes del exdiputado en diferentes destinos turísticos del Caribe colombiano, situación que fue utilizada por el ente acusador para sustentar su petición.
Por ahora, el juicio continúa suspendido, mientras los tribunales superiores resuelven los recursos de apelación presentados frente a varias pruebas que fueron excluidas previamente por el juez del caso, una decisión que será determinante para la continuación del proceso penal contra Nicolás Petro Burgos.
Sala Digital Colmundo
