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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunirá este miércoles 10 de diciembre con los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un escándalo que vincula a las disidencias de alias ‘Calarcá’ con una posible filtración de información hacia el Gobierno Nacional, presuntamente a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Ejército.
Camargo ha reconocido que hubo retrasos significativos en la investigación, pero asegura que ya se reactivaron varias líneas de trabajo y que se desarrollan actividades de policía judicial en dependencias militares clave.
La Fiscalía abrió cinco líneas tras descubrir 16 meses sin avances
El pasado 24 de noviembre, la fiscal Camargo ordenó abrir cinco líneas de investigación para esclarecer posibles nexos entre integrantes del Gobierno, miembros del Ejército y las disidencias de las Farc. La decisión se tomó después de que la Fiscalía detectara que durante 16 meses no hubo progresos en el análisis del material incautado a una caravana del autodenominado Estado Mayor de las disidencias, interceptada el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
En esos dispositivos electrónicos —computadores, celulares, discos duros y memorias— podría haber información perteneciente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y a otros miembros de esa estructura ilegal.
Ante el estancamiento de la investigación, que estaba en manos de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, Camargo ordenó una intervención inmediata y delegó el caso al despacho nacional contra la Criminalidad Organizada.
Las cinco líneas clave de la investigación
La reactivación del proceso incluye cinco frentes de análisis considerados prioritarios:
- Posible cooptación de agentes de inteligencia y militares: Se busca determinar si las disidencias lograron influir o corromper a personal del Estado.
- Riesgos para la seguridad nacional: Se investiga si en los dispositivos confiscados hay información relacionada con atentados o planes de estos.
- Financiación ilícita de una campaña presidencial: La Fiscalía rastreará si hubo ingresos de dinero proveniente de grupos ilegales.
- Alianzas entre estructuras criminales: Se evaluarán posibles vínculos operativos entre diferentes actores ilegales.
- Creación de empresas de vigilancia al servicio del crimen: El análisis determinará si estas compañías fueron utilizadas como fachada para actividades delictivas.
Fiscalía afirma que no recibió reportes durante más de un año
El ente acusador enfatizó que ninguna dependencia superior recibió reportes, alertas o copias del material recolectado durante esos 16 meses, pese a la gravedad potencial de la información contenida en los dispositivos. Según la institución, esa ausencia de reportes impidió identificar oportunamente hechos o conductas que podrían constituir delitos.
La fiscal Camargo adoptó estas decisiones después de una inspección exhaustiva que evidenció información de alto valor que no estaba siendo investigada, por lo que también se ordenaron inspecciones en dependencias del Ejército y de la Superintendencia de Vigilancia.
La reunión de la fiscal ante la Corte Suprema será clave para explicar los retrasos, los hallazgos preliminares y el alcance real del posible entramado de filtración que comprometería a organismos de inteligencia y a estructuras criminales.
Humberto ‘Toto’ Torres
