Fiscal Camargo bajo indagación: ¿negó lo que sí ordenó en el caso UNGRD?

Documentos internos y testimonios revelados por medios de comunicación motivaron la apertura de un expediente legislativo que será liderado por la representante María Eugenia Lopera. La investigación se suma a otras denuncias que involucran a altos funcionarios del Estado.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación preliminar contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en el marco del escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se fundamenta en una denuncia formal presentada por el abogado Pablo Bustos, quien actúa como representante de víctimas en el proceso.

El caso gira en torno a la presunta intervención directa de la fiscal Camargo en decisiones procesales relacionadas con el expediente de la UNGRD, pese a que en declaraciones públicas negó haber tenido injerencia. Según registros internos de la Fiscalía, se habrían emitido instrucciones desde su despacho que contradicen su versión oficial. Esta situación ha generado inquietud sobre la transparencia institucional y el respeto a los principios de autonomía funcional dentro del ente acusador.

La Comisión de Acusación, órgano competente para investigar a altos funcionarios del Estado, designó como instructora del proceso a la representante María Eugenia Lopera, quien deberá determinar si existen méritos para avanzar hacia una eventual acusación formal. El expediente se encuentra en etapa preliminar, lo que implica la recolección de pruebas, testimonios y documentos que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia se relaciona con la presunta facilitación de la salida del país de Carlos Ramón González, exdirector de la UNGRD, quien habría viajado a Nicaragua en medio de las investigaciones. De acuerdo con el denunciante, esta actuación habría contado con el aval de altos funcionarios de la Fiscalía, lo que podría configurar una omisión deliberada en el ejercicio de la acción penal.

Paralelo a esto, se adelanta otra denuncia contra el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, por supuestos pagos irregulares provenientes de recursos de la UNGRD que habrían sido utilizados para influir en su elección como miembro de la Corte Constitucional. En este contexto, también se menciona al entonces presidente del Senado, Iván Name, por presunta participación en la alteración del orden del día legislativo para favorecer dicha designación.

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también vinculada al caso, ha manifestado públicamente que no cuenta con garantías procesales dentro de la Fiscalía. Según su versión, se le negó el principio de oportunidad sin justificación clara, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de uso político del ente investigador.

La apertura de esta indagación contra la fiscal general se suma a una serie de cuestionamientos sobre el manejo institucional de casos de alto impacto, en especial aquellos que involucran a funcionarios del Gobierno y del Congreso. El escándalo de la UNGRD, que incluye presuntas irregularidades en la contratación de carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables, ha puesto en evidencia fallas estructurales en los sistemas de control y fiscalización de recursos públicos.

Este proceso se desarrolla en un contexto de creciente sensibilidad institucional, marcado por un reclamo ciudadano de mayor rigor en la administración de justicia y en la rendición de cuentas de quienes ejercen funciones de dirección en los órganos de control. La apertura de esta indagación contra la fiscal general no solo pone a prueba los mecanismos de supervisión del poder judicial, sino que también obliga a preguntarse sobre la solidez de las garantías procesales cuando el escrutinio recae sobre quienes deben garantizarlas.

Juan Joya