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En un informe publicado por la ONG se critica que el proceso haya otorgado protagonismo a voceros de la “oficina” sin resultados tangibles, ni condiciones claras para su sometimiento judicial.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que el proceso de paz urbana que se desarrolla en el Valle de Aburrá carece de dirección y herramientas jurídicas claras, lo que pone en riesgo su sostenibilidad y legitimidad. En el informe titulado “Una mirada a la paz urbana en el Valle de Aburrá: ¿con prisa, pero sin norte?”, la organización plantea que, aunque el Gobierno Nacional ha presentado este diálogo como un avance, en la práctica hay señales de preocupación por la manera en que se ha desarrollado.
En entrevista exclusiva con Colmundo Radio, Paula Tobo, investigadora de la FIP, explicó que el informe surge del seguimiento que han hecho durante dos años al proceso de diálogo sociojurídico con estructuras criminales como “la oficina”. Según Tobo, el espacio ha acumulado ciertos hitos, pero estos no han tenido un impacto visible en los territorios. “Uno de los ejemplos es el piloto de cese de extorsiones, implementado en 45 barrios, cuya verificación ha sido difícil por la forma en que operan las bandas y la naturalización de estas prácticas”, afirmó.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con la presencia pública de voceros de la oficina durante eventos oficiales, como la movilización del pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, en la que participaron junto al presidente Gustavo Petro. Para la FIP, este tipo de exposiciones termina otorgando mayor capital político y social a las estructuras armadas. “Lo que hacen estos espacios, en lugar de reducir su poder, es darles visibilidad y protagonismo que fortalecen su hegemonía en el Valle de Aburrá”, señaló Tobo.
La investigadora también advirtió que uno de los principales vacíos del proceso es la ausencia de un marco jurídico claro para el sometimiento colectivo, así como la inexistencia de una agenda pública de negociación. “Esto es crucial para que los grupos entiendan qué pueden esperar jurídicamente si deciden abandonar las armas, y qué ofrece el Estado cuando estas bandas dejan de existir. Sin eso, es muy difícil garantizar la sostenibilidad del proceso”, indicó.
En cuanto al impacto en la ciudadanía, Tobo reconoció que hay una percepción crítica por parte de las víctimas y la opinión pública, que ven con recelo cómo grupos armados aprovechan el discurso de paz para fortalecerse. “Estas bandas se han presentado como actores políticos dentro del conflicto, y este espacio de diálogo les ha permitido ganar terrenos que tal vez no tenían antes. Esto responde a la falta de una estructura metodológica clara”, añadió.
El informe también hace un paralelo con otros procesos similares en Buenaventura y Quibdó, donde los contextos son diferentes. Mientras en estas ciudades los diálogos enfrentan dificultades por la persistencia de la violencia letal, en Medellín las bandas han optado por minimizar los homicidios como estrategia para mantener sus negocios. “No se puede atribuir la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá al diálogo con estas estructuras. Esa tendencia es histórica y responde a decisiones internas de las bandas para evitar la exposición pública”, explicó Tobo.
Finalmente, el informe resalta la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. La ausencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el proceso ha sido evidente. “Este proceso no ha servido para acercar posiciones, al contrario, ha profundizado la distancia entre gobiernos. Hay un uso político de este diálogo, tanto desde el nivel nacional como desde el local”, sostuvo Tobo, quien concluyó haciendo un llamado a avanzar en la definición del marco jurídico para el sometimiento como base fundamental para lograr una paz urbana sostenible.
Conozca el informe completo:
Juan Joya
