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¿La focalización en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali deja desprotegidos a conductores en regiones apartadas?
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1428 del 24 de diciembre de 2025, que cambia de manera significativa la política de subsidios al diésel en Colombia. La norma establece que los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y deberán pagar el precio completo del ACPM.
En términos prácticos, esto significa que carros, camionetas y flotas oficiales que funcionan con diésel verán un aumento inmediato en sus costos de operación, mientras que el subsidio se mantiene para el transporte público de pasajeros y la carga esencial. Según el Gobierno, la decisión busca “focalizar el beneficio en los sectores que cumplen una función social y productiva directa”, como buses, camiones y sistemas masivos.
El decreto señala que el precio para los vehículos excluidos se calculará con base en el valor internacional del combustible, sin superar el precio de importación. Con ello, se elimina el colchón que hasta ahora ofrecía el FEPC, un fondo que acumula un déficit superior a los $30 billones y que ha sido cuestionado por su sostenibilidad fiscal.
La medida tendrá una aplicación inicial en las principales ciudades y áreas metropolitanas, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Pereira y Montería, además de municipios aledaños como Soacha, Envigado, Palmira y Soledad. El Gobierno explicó que esta focalización responde a la necesidad de garantizar control y monitoreo en zonas de alto consumo de diésel por parte de vehículos particulares.
El decreto también contempla un régimen de transición de seis meses, tiempo en el que los Ministerios de Hacienda y Minas deberán definir la metodología exacta para calcular el ingreso al productor y establecer los mecanismos de vigilancia y control. Mientras tanto, se continuará aplicando la metodología general vigente para todos los vehículos.
En el concepto técnico que acompaña la norma, los ministerios argumentan que “subsidiar el consumo de combustibles fósiles de vehículos particulares, diplomáticos y oficiales no solo genera distorsiones en el mercado, sino también en el uso eficiente del gasto público”. La medida, aseguran, permitirá que los recursos se concentren en sectores estratégicos para la economía y el bienestar colectivo.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un concepto de abogacía de la competencia en septiembre de 2025, recomendando precisar el alcance de la medida y garantizar que no afecte la libre competencia. En respuesta, el decreto excluyó expresamente a los vehículos de servicio público y limitó el mecanismo diferencial a particulares, diplomáticos y oficiales.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1428, el impacto inmediato será visible en el bolsillo de miles de propietarios de vehículos particulares que usan ACPM. Para el transporte público y de carga, el subsidio se mantiene, con el fin de evitar incrementos en los pasajes y en los precios de los alimentos. El Gobierno espera que la focalización contribuya a reducir el déficit del FEPC y a fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
Consulte el decreto oficial en https://normativame.minenergia.gov.co/normatividad/7453/norma/
Juan Joya
