En carta dirigida al presidente Iván Duque, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO hizo un llamado al Gobierno Nacional reiterando el papel del Estado como garante de la protección y el aseguramiento de los bienes de los ciudadanos y responsable de resarcir el daño generado en el contexto de marchas y protestas.
En ese sentido sugirió explorar alternativas dentro del protocolo de manifestaciones pacíficas en el que se debería contemplar un capítulo de prevención, protección y reparación de terceros, de manera que no se suspendan los derechos colectivos y fundamentales con el pretexto del ejercicio del derecho a la protesta.
Así las cosas, se solicitó que en el marco jurídico de las garantías para las manifestaciones públicas pacíficas establecidas en el Decreto 003 de 2021 se contemple un capítulo de prevención, protección y reparación de terceros.
De igual manera, se refirió a la grave situación ocasionada por los bloqueos y el comercio exterior. “Los altísimos costos de bodegajes y multas en los puertos colombianos, por no poder sacar las mercancías, además de los causados por las demoras en las devoluciones de contenedores que los empresarios están asumiendo con las compañías navieras, ajenas a esta problemática, han recrudecido gravemente el panorama en los últimos días. Se calcula que los importadores y comerciantes han tenido que asumir entre 150 a 200 USD diarios por mora por contenedor, más los bodegajes de la sociedad portuaria.”, afirmó el vocero de los comerciantes.
Sobre este punto específico de la situación de los puertos y el comercio exterior, FENALCO considera como una opción a explorar que la suma que las sociedades portuarias deben reconocer anualmente a la nación por el uso de las zonas de muelles y bajamar, que ascienden a aproximadamente a unos USD$40 millones, se utilicen, previos los estudios jurídicos del caso, para subsidiar estos extra costos en los que han tenido que incurrir los empresarios.
Por último, Cabal Sanclemente pidió que se dé agilidad en las mesas de negociación y a la ejecución de acciones encaminadas a detener las vías de hecho para restablecer la autoridad y el orden público en los distintos territorios a lo largo y ancho del país.