Fenalco pide a la Corte tumbar decreto de emergencia económica y cuestiona argumentos del Gobierno Petro

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) solicitó formalmente a la Corte Constitucional que declare inexequible el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

La petición quedó consignada en una carta de 32 páginas enviada al despacho del magistrado Carlos Camargo, que se suma a la “cascada de conceptos e intervenciones” que actualmente analiza la Corte sobre la constitucionalidad del decreto.

Según Fenalco, las razones expuestas por el Gobierno no cumplen los requisitos constitucionales exigidos para la declaratoria de un estado de excepción. El gremio aseguró que los argumentos oficiales se refieren a problemas estructurales, crónicos y previsibles, que deben resolverse mediante los mecanismos ordinarios del Estado y no a través de poderes extraordinarios.

De acuerdo con el documento, el Ejecutivo justificó la emergencia económica en ocho factores, entre ellos el déficit en la financiación del sistema de salud por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el aumento de la inseguridad y la protección a líderes sociales, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, el pago de sentencias judiciales, los subsidios a los servicios públicos, las restricciones de endeudamiento derivadas de la regla fiscal y los problemas de liquidez en la Tesorería General de la Nación.

No obstante, Fenalco sostuvo que ninguno de estos elementos constituye un hecho sobreviniente, es decir, repentino o imprevisible. En su argumentación, el gremio recordó que los problemas de financiación de la UPC son conocidos desde hace más de una década y que la violencia contra líderes sociales es una crisis persistente, no un fenómeno nuevo que justifique una emergencia constitucional.

El gremio también advirtió que obligaciones como el pago de sentencias judiciales, los subsidios de energía y gas, así como las limitaciones impuestas por la regla fiscal, hacen parte del funcionamiento ordinario del Estado y deben atenderse mediante planeación presupuestal, ajustes fiscales y debate legislativo, y no a través de decretos de excepción.

Además, Fenalco cuestionó que el decreto del Gobierno no demuestre el agotamiento de las vías ordinarias, como la presentación de nuevas iniciativas legislativas o la realización de ajustes presupuestales dentro del marco legal vigente, requisito clave para acudir a un estado de emergencia.

Ahora será la Corte Constitucional la encargada de zanjar el debate sobre la legalidad de la emergencia económica. Mientras tanto, varios sectores han solicitado que se suspendan los efectos del decreto hasta que el alto tribunal realice un estudio de fondo sobre su constitucionalidad.

Humberto ‘Toto’ Torres