El Consejo de Estado dio un paso decisivo en el conflicto entre el Distrito y CGR Doña Juana al admitir el recurso de anulación presentado por el Distrito contra el fallo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, emitido en abril de este año. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría Jurídica Distrital presentaron el recurso en busca de anular la sentencia que los obligaba a pagar 64.000 millones de pesos.
La decisión del Consejo de Estado no solo admite el recurso de anulación, sino que también suspende de manera inmediata los efectos del fallo del tribunal arbitral, brindando un respiro a las finanzas del Distrito. Esta noticia fue recibida con satisfacción por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien reafirmó su compromiso de proteger los intereses de la ciudadanía.
En su declaración en la red social X, la alcaldesa López expresó: “Hasta el último día en la Alcaldía seguiremos defendiendo a los bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas (…) Iremos hasta las últimas consecuencias para defender el bolsillo de los bogotanos del abuso de las concesiones de basuras”.
Este conflicto tiene sus raíces en el contrato de concesión 344 de 2010, que obligaba a CGR Doña Juana al tratamiento de lixiviados y a la optimización de la planta, así como del sistema. Sin embargo, después de casi doce años, estas obligaciones no se han cumplido, dejando la planta en condiciones inferiores a las entregadas originalmente por la administración de la ciudad.
El fallo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá anteriormente otorgó solo una fracción de las pretensiones del concesionario, desestimando gran parte de las demandas que ascendían a 1.2 billones de pesos. Además, no se extendió el plazo del contrato, limitando las operaciones del relleno en los próximos años.
La alcaldesa enfatizó: “La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (por decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos tipo sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley. Es CGR la que está en deuda con Bogotá y con los bogotanos”.
Cabe recordar que la UAESP presentó una denuncia penal contra los representantes legales de CGR Doña Juana en julio de 2022 por su supuesta responsabilidad en delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Este conflicto legal y financiero sigue desarrollándose en medio de declaraciones fuertes y la lucha por proteger los intereses de la ciudad y sus habitantes.
Humberto ‘Toto’ Torres