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La Fiscalía General de la Nación reveló esta semana la existencia de una red ilegal que logró infiltrarse en el esquema de seguridad presidencial, accediendo a información clasificada, operativos confidenciales y reuniones de alto nivel en unidades militares encargadas de proteger al presidente Gustavo Petro. Este caso involucra a dos militares activos y a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, quien durante más de un año se hizo pasar por capitán del Ejército, participando en al menos 36 reuniones operacionales en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), ubicado a escasos metros de la Casa de Nariño.
La investigación judicial, que se mantuvo bajo reserva durante meses, permitió establecer que Salgado ingresó repetidamente a instalaciones restringidas, accediendo a documentos clasificados, imágenes aéreas, esquemas de seguridad de altos dignatarios y planes de allanamiento contra estructuras criminales como el Tren de Aragua. Su presencia fue legitimada por el mayor Pedronel Jiménez, entonces comandante del batallón, y por el sargento Cristian Padilla, quienes la presentaban como oficial de inteligencia. La mujer utilizaba el alias de “Stephanie” y portaba credenciales falsas que le permitían movilizarse sin mayores obstáculos dentro de las unidades militares.
La Fiscalía confirmó que Luisa Fernanda Salgado participó en al menos cinco reuniones operativas dentro de batallones estratégicos, haciéndose pasar por capitán del Ejército. En esos encuentros, según los chats revelados por W Radio, la mujer recibió información sensible y coordinó acciones junto a militares activos, lo que refuerza la hipótesis de una infiltración estructurada. Los mensajes muestran cómo Salgado gestionaba accesos, compartía datos tácticos y se movía con autoridad dentro de unidades de inteligencia, pese a no pertenecer a la Fuerza Pública.
Los hechos no fueron detectados de inmediato. En enero de 2025, el Ejército sometió a pruebas de polígrafo a 96 miembros del esquema de seguridad presidencial. Como resultado, al menos 22 oficiales fueron relevados de sus funciones. Aunque en su momento se presentó como una operación rutinaria, fuentes de inteligencia confirmaron que la medida estaba directamente relacionada con la investigación sobre la infiltración. La falsa capitán había participado en reuniones interinstitucionales, coordinado diligencias judiciales y accedido a información estratégica sobre la configuración del perímetro de seguridad presidencial.
En mayo, el sargento Jesús David Rubiano entregó un informe detallado a la Inspección General del Ejército, en el que denunciaba la presencia irregular de Salgado en unidades militares. En el documento, Rubiano relató que un mayor y un sargento presentaron a la mujer como oficial de la Policía, cuando en realidad no pertenecía a la institución. “La supuesta capitán asistía a reuniones operacionales y entraba a instalaciones restringidas, con acceso a información de alto nivel”, escribió Rubiano. El informe también advertía sobre otro episodio: la entrada de civiles —incluso un menor de edad— a un polígono militar, donde habrían manipulado armas de fuego en presencia de uniformados. “Esto es muy grave. ¿Qué hacía un menor disparando en un polígono militar? Era un riesgo para todos. La munición es para personal entrenado, no para civiles”, dejó por escrito el suboficial.
Pese a elevar la alerta y pedir protección, Rubiano no recibió respaldo institucional. Fue trasladado a una zona de alto riesgo en el Guaviare, donde recientemente disidencias de las FARC asesinaron a siete militares. “Yo informé, cumplí con mi deber y pedí que se me garantizara seguridad. Me respondieron que no estaba en riesgo. Hoy estoy en una zona roja y temo por mi vida”, declaró Rubiano a medios nacionales. En entrevistas posteriores, afirmó que el Ejército lo quiere callar. “Estoy abandonado por mi Ejército Nacional. Estoy abandonado por los entes de control. ¿Cómo es posible que se hacen unas denuncias y la respuesta para la persona que denuncia es trasladarlo, investigarlo, arremeterlo, perseguirlo?”, expresó el sargento, quien anticipó que podría recurrir a instancias internacionales si no recibe protección adecuada.
El 19 de septiembre, la Fiscalía capturó a Salgado, al mayor Jiménez y al sargento Padilla en operativos realizados en Puente Aranda, el Cantón Norte y el Distrito Militar N.° 3 de Bogotá. Los tres fueron imputados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Según el fiscal Nelson Andrés Escobar, “estas personas hacían presentar a una particular como integrante de la Fuerza Pública, quien ingresó en 36 oportunidades a las instalaciones del Ejército a reuniones de carácter confidencial, de inteligencia, y con esas reuniones logró información destinada a la realización de allanamientos que impactaban al Tren de Aragua”.
La operación de contrainteligencia reveló que, durante meses, la falsa oficial y los militares activos participaron en actividades judiciales y reuniones de carácter confidencial. Lo más grave: accedieron a información estratégica y a unidades con responsabilidad directa sobre la protección presidencial. Según reportes oficiales, Salgado no solo entraba en instalaciones de alto nivel como el BAFUR 5 y la Dirección de Protección de la Policía, sino que además lo hacía acompañada por personal autorizado, lo que le daba legitimidad frente a otros miembros de la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso en una declaración oficial. “Un pilar fundamental para garantizar la seguridad es que al interior de quienes somos o pertenecemos a este sector defensa haya total transparencia y que no se permitan actos que puedan afectar la misma seguridad”, afirmó.
El general Sánchez explicó que “a comienzos de este año, en una labor de contrainteligencia del Ejército Nacional y de la mano de la Policía Nacional, detectamos que una de las unidades adscritas a la seguridad presidencial estaba cometiendo actos por fuera de los protocolos”. El ministro fue enfático en señalar que “no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República” y que “no toleraremos ningún acto ilegal al interior de los miembros de la Fuerza Pública”. Añadió que “la información que ellos tenían era sobre operativos para garantizar la seguridad en el perímetro de la presidencia, no relacionados directamente con estar con el señor presidente, que ese es un anillo más cerrado”.
La Fiscalía continúa con las indagaciones para establecer si la red tenía vínculos directos con organizaciones criminales y qué tipo de beneficios obtuvieron los implicados. Mientras tanto, el caso ha alertado la necesidad de reforzar los controles internos en los cuerpos de seguridad del primer mandatario, la efectividad de los protocolos de inteligencia y la protección de quienes denuncian irregularidades desde dentro de las instituciones.
Juan Joya
